La estatización del gobierno Petro

La estatización es, en términos de economía política, la expansión del control del Estado sobre activos, sectores, empresas o decisiones que antes estaban en manos privadas. Puede darse por transferencia directa de propiedad -lo que tradicionalmente se conoce como nacionalización- o por vías más sutiles: asumir la administración de recursos, direccionar el crédito o centralizar la coordinación de un sector. No toda regulación es estatización, pero cuando el Estado desplaza de manera estructural la autonomía privada en la asignación de capital o en la gestión del riesgo, estamos ante una forma funcional de estatización.

En el marxismo clásico, la estatización era concebida como un paso transitorio para abolir la propiedad privada de los medios de producción y avanzar hacia una sociedad sin clases en la que el propio Estado terminaría por extinguirse. El llamado socialismo del siglo XXI, impulsado por Hugo Chávez, reinterpretó esa idea: la estatización dejó de ser tránsito y se convirtió en eje permanente del modelo, con expansión del Estado y centralización del poder económico. No fue marxismo ortodoxo, pero sí una versión latinoamericana de fuerte concentración estatal.

En Colombia, varias políticas del gobierno Petro se acercan, en distintos grados, a esa lógica. La reforma a la salud planteó desmontar el esquema de EPS y trasladar la administración de recursos y la gestión del riesgo al Estado. No implicaba expropiar clínicas y hospitales, pero sí concentrar el mando financiero del sistema en el Estado. La reforma pensional, al fijar en 2,3 salarios mínimos el umbral obligatorio en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, desplaza la mayor parte de los nuevos aportes hacia el Estado y reduce el espacio del ahorro gestionado por los fondos privados. No se estatizan los saldos acumulados, pero sí el flujo contributivo.

A ello se suman propuestas para limitar la inversión internacional de los fondos privados y obligarlos a repatriar recursos al mercado interno, así como iniciativas de inversiones forzosas de la banca comercial en proyectos definidos por el Gobierno. En ambos casos no hay nacionalización formal, pero sí direccionamiento del ahorro y del crédito. Detrás de estas políticas está la crisis de la política fiscal. Reducir la inversión internacional de los fondos privados puede terminar en reducir el monto de las pensiones. Las inversiones forzosas afectan la diversificación del portafolio del sistema financiero y pueden traducirse en menores rendimientos para los ahorros de los colombianos y mayor exposición a riesgos concentrados en proyectos definidos políticamente.

El debate es institucional e ideológico. Entregar mayor control económico a un Estado con fuertes debilidades de gestión y con una corrupción creciente implica un riesgo real de que estas políticas fracasen y se pierdan los recursos, afectando a todos los colombianos. Y es también ideológico porque, aunque se presenten como instrumentos para mejorar la distribución, la evidencia internacional no ha demostrado de manera consistente que la estatización sea un camino eficaz y sostenible para lograrlo. El modelo socialista de la Unión Soviética cayó hace más de 35 años, y en Colombia seguimos forzando la implementación de sus políticas fallidas.