La eficiencia del Estado

La pandemia obligó a los gobiernos del mundo a aumentar el gasto público y a financiarlo con deuda, deteriorando las cuentas fiscales, situación insostenible en el mediano plazo. El problema se agravó en 2022. La inflación llevó a los bancos centrales a subir las tasas de interés para combatirla, y la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania hizo que los capitales buscaran al dólar como refugio, devaluando todas las monedas. Son factores que hacen más costoso el pago de la deuda y más apremiante una reforma tributaria. Colombia presenta indicadores económicos razonables con un crecimiento positivo, pero no es la excepción. El nuevo gobierno anunció la necesidad de la reforma.

Ahora bien, los colombianos no confiamos en el Estado. Lo sentimos ineficiente, alejado de nuestras necesidades, con un mal servicio al ciudadano, y corrupto. Esta es en gran parte la razón por la cual las reformas tributarias son difíciles de discutir. ¿Para qué pagamos impuestos si no recibimos los beneficios esperados? La hipótesis más reciente sobre esta desconfianza plantea que gracias al descenso paulatino de la pobreza durante este siglo -antes de la pandemia- se creó una clase media, vulnerable por su alta probabilidad de caer nuevamente en la pobreza. Esta clase media vulnerable es más exigente con el Estado, pero este no se ha adecuado a estas nuevas exigencias.

Para apalancar la reforma tributaria debe pensarse en una reforma del Estado que busque ganarse la confianza de los ciudadanos. Un ejemplo interesante se dio en la Alcaldía de Antanas Mockus. Bajo la premisa que afirma que los recursos públicos son sagrados, en el pago de impuestos y de servicios públicos se planteaba la posibilidad de pagar un monto adicional. Respecto al servicio iniciativas como el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la estrategia de Gobierno Digital que incluye la Ventanilla Única Empresarial han sido importantes.

Sin embargo, los esfuerzos deben cambiar los hábitos de funcionamiento del Estado. Dos reformas institucionales importantes de este esfuerzo son la cultura de servicio al ciudadano y una reforma al proceso presupuestal.

En el sector público no existe la conciencia de que el ciudadano paga por los servicios a través de los impuestos, y estos deben ser prestados con la mejor calidad. En esencia el funcionario público funciona para el público. El sector privado ha avanzado de un servicio basado en los productos a uno basado en la experiencia del consumidor. Tomando elementos del sector privado esta cultura debe impregnarse en el Estado; más cercano al ciudadano, no solo a través de derechos de petición y de tutelas que implican casi que una confrontación. El Departamento Administrativo de la Función Pública debe ser protagonista en esta reforma.

Sobre la segunda reforma, en Colombia se sabe cuánto se gasta, pero no para qué se gasta ni qué se logra con ese gasto. El presupuesto público identifica el gasto por entidad, pero no por programa, lo que dificulta medir si los recursos se han utilizado de manera eficiente y si se han logrado los objetivos planteados en las políticas públicas. La reforma presupuestal debe buscar hacer el uso de los recursos más transparente y eficiente, permitir ajustarlo basado en sus resultados, y con una estrategia de comunicación para los ciudadanos.