El Estado que necesitamos

Douglass North, nobel de Economía en 1993, revolucionó nuestra comprensión del desarrollo al poner las instituciones en el centro del análisis. Para él, las instituciones -formales e informales- son las “reglas del juego” que estructuran los incentivos en una sociedad. Su teoría explica por qué algunos países prosperan, mientras otros se estancan: no por sus recursos, sino por la calidad de sus normas, la confianza en su cumplimiento y la previsibilidad de sus decisiones. Donde las instituciones son fuertes, los costos de transacción bajan, florecen los contratos y se activa la inversión. Donde son débiles, reina la incertidumbre y predomina el oportunismo.

Mariana Mazzucato, una de las economistas más influyentes de hoy, retoma esta preocupación institucional, pero propone una visión renovada del Estado. En lugar de limitarse a corregir fallas del mercado, el Estado debe asumir un rol proactivo: orientar inversiones, liderar misiones estratégicas y fomentar la innovación. Esta visión se alinea con la de North al entender al Estado como una institución clave para generar confianza y reglas claras, pero va más allá al reivindicar su capacidad transformadora. Un Estado que no solo garantiza el orden, sino que también apuesta, innova y construye futuro.

Desde esta perspectiva, medir la capacidad del sector público es esencial. El índice propuesto por el Institute for Innovation and Public Purpose, Iipp, que lidera Mazzucato, lo hace en tres niveles: primero, la capacidad estatal para definir e implementar políticas aún frente a presiones; segundo, las rutinas organizacionales, es decir, los procesos internos que permiten coordinar, planear y evaluar; y tercero, las capacidades dinámicas, que reflejan la habilidad de aprender, adaptarse e innovar. Más que burocracia, se trata de instituciones capaces de resolver problemas públicos complejos de forma eficaz y legítima.

Colombia necesita avanzar hacia esta visión. Hoy tenemos un sistema fiscal donde las instituciones no solo recaudan poco, sino que gastan mal. El proceso presupuestal sigue siendo rígido, fragmentado y opaco, con escaso margen para la planeación estratégica. Para cambiar esto, se requiere fortalecer capacidades en todos los niveles: desde el diseño de políticas con prospectiva, hasta el seguimiento de su impacto en territorio. Necesitamos instituciones que articulen la política fiscal con los verdaderos resultados sociales, y que usen los recursos con eficiencia, pero también con resultados claros.

Esto implica repensar las competencias entre gobierno central y regiones. No basta con descentralizar funciones si no se transfieren capacidades reales. Las entidades territoriales deben contar con recursos técnicos, humanos y financieros para asumir sus responsabilidades. Y el Gobierno Nacional debe dejar de operar como ejecutor directo de políticas locales y convertirse en garante de resultados, estableciendo marcos claros, incentivando la innovación y corrigiendo desigualdades. Solo así podremos construir un Estado que no solo funcione, sino que transforme.