Sin visa y sin dignidad

Renunciar a una visa no es un acto de dignidad: es una torpeza política. Los funcionarios del Gobierno que han entregado su visado como gesto de “solidaridad” con el presidente no entienden la esencia del servicio público: no trabajan para Petro, trabajan para Colombia, y el interés superior que deben proteger no es la narrativa de un mandatario enfrentado con Washington, sino la capacidad de representar al país en escenarios internacionales. Y la realidad es que esos escenarios, la banca multilateral, los organismos de arbitraje, la OEA, la Cidh, están en suelo estadounidense.

Al renunciar a la visa, no desafían al poder norteamericano: se autodesarman en un mundo donde la diplomacia requiere presencia, gestión, prudencia y acceso.

Hoy, la lista de altos funcionarios sin visa es larga y se extenderá: los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores, Minas, Igualdad, la directora del Dapre, la superintendente de Industria y Comercio. Una cadena de nombres que debería preocupar no por el sello en el pasaporte, sino porque son precisamente las carteras llamadas a interactuar en el exterior.

El problema de fondo es que muchos de estos funcionarios parecen no entender que no son empleados personales de Petro, sino servidores públicos. Su lealtad no es con un Presidente, es con el país. Y cuando actúan como si fueran parte de un club de amigos que se abrazan en la derrota del jefe, olvidan que ocupan cargos del Estado que exigen visión, responsabilidad y altura política. Renunciar a la visa no es defender la soberanía: es rebajar el papel institucional del Estado colombiano al de un coro de aplaudidores.

El show simbólico puede alimentar titulares y provocar aplausos internos, pero internacionalmente solo los hace ver como burócratas que no comprende el orden global. Que un ministro de Hacienda o una Canciller se quede sin la posibilidad de viajar a Washington para reunirse con el BID o con la Cidh no es un gesto patriótico, es un golpe directo a la institucionalidad que dicen defender.

Lo más grave es la ceguera frente al lugar que ocupa Estados Unidos en el tablero internacional. Allí no solo está la Casa Blanca; allí funcionan las oficinas donde se negocian préstamos de miles de millones de dólares, donde se debaten los casos de derechos humanos más delicados de la región, donde se toman decisiones de arbitraje que afectan contratos estratégicos del Estado colombiano. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en varias ocasiones ha servido de salvavidas político para Gustavo Petro, tiene su sede en Washington. Y mientras tanto, el Gobierno se victimiza.

La narrativa del asedio externo sirve para cohesionar a una base política, aunque no soluciona nada.

Colombia necesita estadistas, no burócratas con complejo de héroes. Hoy, en lugar de eso, tenemos ministros y altos cargos que confunden el deber con la consigna, que creen que la política internacional se resuelve con gestos vacíos y que olvidan que cada decisión que toman repercute en 50 millones de colombianos.

El país no puede darse el lujo de funcionarios que se mutilen diplomáticamente para defender a un Presidente; necesita servidores que entiendan que la diplomacia, como la política, no se juega en el aplauso fácil, sino en la capacidad de defender el interés nacional con inteligencia y visión de Estado.