¿De qué lado está el Estado?

La pregunta no es exagerada. Se vuelve inevitable cuando uno ve que, mientras el país intenta entender la violencia que no cede, el Estado decide levantar órdenes de captura a 23 criminales de Antioquia, como si nada. Los mismos que el Gobierno ya había arropado y con los que se había alineado en una desafiante tarima en Medellín. Hay decisiones que desconciertan, pero esta indigna.

Porque no ocurre en el vacío. Ocurre al mismo tiempo que el Gobierno sigue sentado en una mesa con las disidencias de alias Calarcá, como si en los territorios no estuviera pasando nada. Como si el país no estuviera viendo lo evidente: que la violencia no solo no ha disminuido, sino que se ha sofisticado y expandido al amparo de esa supuesta “paz total”.

Entonces, otra vez: ¿del lado de quién está el Gobierno? Porque mientras a los ciudadanos se les pide paciencia, a los criminales se les conceden beneficios. Mientras la gente en las regiones huye, el Estado afloja incluso la presión judicial sobre quienes ejercen el miedo. Mientras el ministro de Defensa habla de capturar a alias Calarcá, el Presidente lo sostiene como interlocutor.

Porque aquí no hay cese de hostilidades. No hay gestos verificables de paz. No hay voluntad real de desescalar la violencia. Lo que hay es una estrategia de los grupos armados: ganar tiempo, fortalecerse, expandir control territorial… mientras negocian.

Y un Gobierno que parece comprar esa lógica. Lo que estamos viendo es la consolidación de una zona gris donde la línea entre legalidad e ilegalidad se desdibuja.

En medio de todo esto, conviene no perder de vista quiénes son los que hoy reciben gestos del Estado. Las disidencias de alias Calarcá no son una contraparte política: son estructuras armadas que han sembrado miedo en amplias zonas del país con asesinatos, secuestros, reclutamiento de menores, desplazamientos y control territorial a punta de intimidación. Y lo mismo ocurre con los cabecillas del entramado criminal en Medellín: organizaciones que han construido poder sobre la extorsión, el narcotráfico y la violencia cotidiana en los barrios.

Esta paz total se ha convertido en una señal peligrosa de que el Estado está dispuesto a ceder, incluso cuando no hay nada a cambio. ¿O es que sí lo hay?

Porque levantar órdenes de captura a cabecillas en plena expansión de estas estructuras no solo debilita la justicia, también consolida poder territorial. Y ese poder, en Colombia, nunca ha sido neutral.

Aquí es donde la pregunta incómoda toma forma: ¿esto es ingenuidad… o cálculo político?

Porque mientras se sostienen mesas, se otorgan beneficios y se alivian cargas judiciales, esas mismas estructuras siguen controlando comunidades. Siguen teniendo la capacidad de intimidar, de presionar, de incidir. ¿Para qué?

¿Para que, llegado el momento electoral, ese control se traduzca en votos? ¿Para que las armas terminen inclinando la balanza en las urnas?

Negociar con criminales no es nuevo. Pero hacerlo mientras siguen matando, mientras se fortalecen y, además, liberarles el camino judicial, sí marca un quiebre.

Si la paz implica tolerar que sigan matando, no es paz. Si además implica empoderarlos territorialmente, es una renuncia del Estado.

Y si ese empoderamiento termina incidiendo en las elecciones, entonces ya no estamos frente a un error.