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Ser microempresario hoy es un acto heroico en Colombia, tiene que sacar adelante su negocio en medio de una tormenta perfecta. Y aunque el camino al cielo está pavimentado de buenas intenciones, en este momento estas buenas intenciones están apretando fuertemente al sector empresarial: su viabilidad está en riesgo, sobre todo para los emprendimientos más pequeños.
El tejido productivo nacional está conformado en 90% por microempresas, lo que significa que un incremento en los costos, incluyendo el salario mínimo por encima de la inflación, teniendo en cuenta el decrecimiento de la productividad, reducirá la capacidad económica, dificultará la creación de empleo, aumentará la informalidad e implicará menos crecimiento y más desigualdad.
A diferencia de 2022, el contexto económico no se encuentra en pleno crecimiento y si en desaceleración. Por lo que un aumento excesivo en la remuneración de los trabajadores será un factor adicional de presión para las empresas, ya que no solo es el aumento del salario mínimo.
En esta ecuación hay que incluir todos los costos que hoy tiene el sector empresarial comenzando por el incremento de impuestos establecidos por la reforma tributaria de 2022, además de la inflación que se mantiene en dos dígitos, los altos precios de las materias primas, la reducción del consumo y el difícil acceso al capital debido a las elevadas tasas de interés. sumado a los innumerables costos laborales.
Pero no para ahí, además del aumento en el básico, las empresas deben asumir otros componentes como auxilio de transporte (+ 20%), salud (+ 8,5%), pensión (+ 12%), riesgos laborales (+ 0,5%), caja de compensación (+ 4%), Icbf (+ 3%), Sena (+ 3%), y seguimos sumando por lo que suponen las cesantías, las vacaciones y la dotación.
Pero no solo son costos, hoy un empresario tiene menos garantías de dignidad que un empleado en una empresa formal. Ninguna norma lo protege, cuando hay único dueño, que son la mayoría de los microempresarios, en un altísimo porcentaje no llegan a poder pagarse a sí mismos la seguridad social ni formalizar su situación laboral. Las utilidades son ínfimas y en niveles inferiores de la pirámide empresarial resulta más rentable la informalidad que el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, la discrepancia entre el alto porcentaje del empleo que ocupan y la relativamente baja proporción del producto que generan hablan de la deficiente productividad laboral con que trabajan, por lo que más que subir sus costos lo que se debería propiciar es la creación de herramientas que les permita ser más productivos.
Igualmente, se dice que a mayor ingreso más consumo, sin embargo, el costo de vida reduce el poder de compra de la gente y limita el empleo formal, lo que quiere decir que a mayor salario mínimo menos posibilidades de crear empleo y por consiguiente menos recursos para el consumo.
La consigna debe ser un S.O.S para la sensatez, para preservar el empleo formal, para crear incentivos para nuevos puestos de trabajo formal y facilitar un círculo virtuoso que mantenga el consumo de hogares y evite el estancamiento de la economía.
Y, sobre todo, es imperativo hacer los correctivos necesarios en el gasto para que haya más inversión productiva sin afectar la inversión social, que haya incentivos industriales y dinamismo económico, así como estimular la productividad y el empleo.
