¿Cómo voy yo?

Y pensar que a partir de la revolución francesa nos fuimos democratizando, pero lamentablemente la mancha del fantasma de la corrupción y del interés personal se fue institucionalizando con el ¿cómo voy yo?, o mejor, el CVY.

Es que la calidad de vida está relacionada con la calidad de las preguntas que nos hacemos: el funcionario que la pronuncia usualmente está solicitando una participación a cambio de un favor, ya sea en adelantarse puestos en una fila, facilitar tiempos en trámites demorados, en acceder a información privilegiada, en el negocio o contrato que se va a ejecutar, entre otros, y si accede a esta exigencia, el contrato es suyo o de lo contrario se le asignará a un verdadero corrupto que sí sepa cómo es el negocio; de esos que formulan preguntas sobre quién contrata la obra, más no sobre el impacto social, ambiental o económico que genera el proyecto que como fin público debería beneficiarnos a todos.

Hemos llegado a tal punto que ya ni siquiera se negocia el CVY, en vez de esto se asume como el IVA o la retención en la fuente. Hagamos un cálculo donde al CVY se destina un porcentaje del 10% entre el gestor de los recursos y para quien adjudica el contrato; impuestos del municipio 15%; IVA y pólizas 5%; utilidad del contratista 10%, arrojando tan solo un total de saldo para invertir en el proyecto del 60%.

Para ejemplificar lo anterior, qué mejor que traer a colación el escándalo del 2010 por el carrusel de contratación y corrupción, en el cual Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, junto con otros funcionarios públicos y empresarios, negociaron las comisiones con el Grupo Nule y pusieron en riesgo la tercera fase del Transmilenio con otras importantes vías de la capital.

Se requiere mucho profesionalismo por parte de las personas que ocupan cargos de responsabilidad, ya sean públicos o privados. Por eso, el empresario y magnate Richard Branson dice que ha llegado el momento del outsourcing en el Gobierno; quizás porque sigue sin poderse controlar la famosa preguntica, y las instituciones y los funcionarios públicos se ven sofocados ante la avalancha de licitaciones a nivel nacional que son imposibles de controlar.

La única forma de acabar la corrupción en Colombia es cambiando el sistema educativo. No podemos continuar eligiendo a los mismos corruptos, quienes ven en la administración pública su fuente de enriquecimiento, pisoteando los legítimos derechos de los ciudadanos o con propuestas e iniciativas que ni siquiera se pueden implementar. Se necesitan personas honestas, que piensen en el bien común, en la familia y en cómo esta logra sostenerse con $781.242 mensuales; en el crecimiento empresarial a través de la reducción de impuestos; en políticas que protejan o mejoren la calidad de vida del adulto mayor y de los más vulnerables; en formar empresarios que sepan realmente manejar esta marca Colombia para que al despertarse todas las mañanas tengan una clara idea de por qué ese día importa y por qué todos importan.