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Los fondos para el metro son públicos

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En casos en que el sentido común y el rigor financiero son indispensables para la toma de decisiones pareciera que nuestra cultura facilista y proselitista, basada en intuiciones y pajaritos que nos hablan a la oreja, se apodera de las grandes decisiones de inversión del país. 

Grabémonos estas cifras en la cabeza. El metro subterráneo de Bogotá, sin incluir los sobrecostos que seguramente aparecerán, costará $15 billones -$15 millones de millones- para una sola línea que cubrirá 8% de la demanda de transporte. Esto equivale a una inversión de $2 millones por habitante  -$8 millones por hogar- y alrededor de $100 millones por hogar que se beneficiará con el metro, monto similar al salario mínimo de 12 años de un trabajador. Según los expertos, una solución que desplace los mismos pasajeros a una velocidad superior con un metro elevado como el de Medellín costaría 3 veces menos y una por medio de una ampliación de Transmilenio 10 veces menos, y eso que con menores riesgos de ejecución.

La decisión de construir un metro subterráneo equivale a imponer en Bogotá que solo se permitan taxis Mercedes Benz a pesar de que se consiguen taxis cinco veces más baratos, solo porque  “la ciudad se lo merece” y para que los responsables de la decisión se cuelguen la medallita. Al fin y al cabo, como en el caso del metro, los taxis Mercedes Benz no mejorarían la calidad del servicio recibido de los taxis de hoy -popularmente llamados los zapatos- pero sí aumentarían astronómicamente la inversión en vehículos que todos terminaríamos pagando en el costo de la carrera y los eternos impuestos y valorizaciones.

Se puede entender que gran parte de los ciudadanos, que nunca han analizado las cuentas en blanco y negro, vean el metro con buenos ojos porque lo identifican erróneamente con la ciudad moderna y eficaz que todos queremos. Lo que no se entiende es que los funcionarios expertos que toman la decisión, tanto en el Ministerio de Hacienda y de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía se apeguen a una inversión de tan bajo retorno con consecuencias distintas al bienestar de la población.

Estoy seguro que al preguntarles de frente a los bogotanos si prefieren el metro subterráneo o una ampliación del Transmilenio que moviliza cinco veces más gente con la mitad de la inversión, no dudarían en descartar el metro de plano. No vaya a ser que los que no ampliaron Transmilenio como se debía y fueron protagonistas del carrusel de la contratación terminen generando menos detrimento para la ciudad que los que, de manera más honesta pero a espaldas de los intereses de Bogotá, tratan de implementar una solución que no tiene sentido económico alguno.

Como bogotano prefiero una ciudad con soluciones de movilidad dignas y diseñadas para copar las necesidades de transporte de los bogotanos que una ciudad endeudada hasta el tuétano, sin la capacidad de transporte para sus habitantes y en la cual nos podamos vanagloriar de que tenemos metro. Bastantes necesidades insatisfechas tienen nuestros habitantes como para andar invirtiendo ineficazmente los pocos fondos con que disponemos.

Extra: ahora resulta que por disposición del Ministerio de Transporte la ciudad tampoco podrá utilizar el capital invertido en taxis de placa blanca ante la declaración de ilegalidad de Uber. ¿Quién más, sino los dueños de los taxis amarillos, se ve beneficiado por esta decisión?

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