Analistas

La rotura del contrato social

En una sociedad que funciona, las normas que enmarcan las relaciones entre sus miembros se respetan. Desde lo económico, estas reglas definen hasta qué punto se remunera el esfuerzo y la disposición a tomar riesgos de los individuos y la forma en que se redistribuye la riqueza para garantizar una vida digna a toda la población. 

La sociedad empieza a ser disfuncional cuando cambian las normas que nos rigen de manera abrupta y sin que la mayoría de la población esté de acuerdo. También cuando las normas que nos rigen son irrespetadas y se impone una anarquía en que los que están mejor posicionados aprovechan para favorecerse a costa de los demás.

En Colombia acabamos de presenciar uno de estos eventos que pocas veces se observa de una manera tan evidente. El desplazamiento de la constitución del 91 por parte del “mejor acuerdo de paz posible”, que está a punto de aprobar un congreso irreflexivo, cambia radicalmente el contrato social sin que la población lo haya aprobado. El casi nulo interés de la población por la monstruosa maniobra fast track, por medio de la cual se compromete la independencia de los poderes y el derecho del pueblo a auto-determinarse, solo se puede explicar por la baja importancia que le reconoce la gente al marco legal. Los colombianos estamos poco interesados en lo que está sucediendo con nuestra constitución porque consideramos que nuestro marco legal es poco relevante, por el constante irrespeto al que se ve sometido. En otras palabras, como hoy en día las normas no se respetan, poco nos importa que nos cambien las normas, así sea para mal.

La corrupción que escandaliza al país es una manifestación más de la irrelevancia de las normas que rigen nuestra sociedad. Unos cuantos maleantes aprovechan su posición para hacerse a dineros que son de todos. Los sobrecostos fraudulentos de Reficar, los sobornos de Odebrecht, los robos a los más necesitados en La Guajira, entre muchos otros escándalos, reflejan la manera más cruda y escandalosa de la rotura del contrato social, en la que ciertos grupos defraudan al resto de sus compatriotas.

El gran problema es que este fenómeno anárquico no ocurre en eventos aislados, sino que  frecuentemente es avalado por altos poderes de la Nación. Desde hace varios gobiernos el colombiano ha visto como se irrespeta su contrato social con mermelada, contratación y decisiones que benefician personalmente a los funcionarios como la concesión Parody, pero en este último mandato el fenómeno ha sido llevado a la cúspide y el ciudadano del común sigue respondiendo económicamente por temas que no son de su resorte, responsabilidad o afinidad. 

Los funcionarios estatales que son participes de estas roturas del contrato social pocas veces terminan respondiendo por el mal que causan. María Victoria Calle, ponente ante la Corte Constitucional del esperpento del fast track, en una sentencia en la que la Corte evitó manifestarse de fondo, seguirá campante a pesar de la enorme caída en la popularidad de la institución a la que pertenece. Los responsables en el ejecutivo de que el área cultivada de coca haya aumentado significativamente y, que el gobierno de Estados Unidos le atribuya la culpabilidad al proceso de paz, no pondrán un peso de su bolsillo para su erradicación. Si no empezamos a exigir un cambio significativo en el respeto a nuestros derechos de parte de la clase política continuaremos siendo nosotros, los colombianos, los que pondremos el billete.