Exigir algo más que la paz

En una conversación que sostuve con Andrés Oppenheimer, el editor de Latinoamérica del Miami Herald, el descubridor del escándalo Irán Contras enfatizó un punto hasta ahora desestimado del actual proceso de paz del país. Si bien desmantelar la franquicia de las Farc y desarmar a gran parte del grupo guerrillero es un paso adelante, independientemente del costo financiero y político para el país de lo pactado en el acuerdo, permitir que la paz monopolice la agenda del país resultará en el descuido de las agendas importantes en un momento en que el contexto es crítico para el futuro.

Desde el punto económico, el país está sufriendo en este momento un cambio de paradigma importante, solo comparable al generado en 1989 por la caída del pacto de precios acordado en la Organización Mundial del Café. La caída de las cotizaciones de los principales productos de exportación colombianos como el petróleo y el carbón han minado a tal punto las finanzas públicas y la balanza de cuenta corriente que el país está a una decisión de las calificadoras de riesgo de perder su grado de inversión. El peso colombiano se ha devaluado casi un 70% con referencia a su cotización de hace dos años.

A pesar de que las causas de la debacle de precios de los bienes básicos son externas, es responsabilidad del gobierno tomar, de manera decisiva y oportuna, las medidas de política pública, fiscal y monetaria necesarias para reencaminar el aparato productivo nacional. En primera instancia, y con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos para la reconversión es necesario garantizar la eternamente exigida estabilidad jurídica, crítica para que los empresarios puedan estimar los riesgos de nuevas apuestas que impulsen la economía. 

La reorientación de la economía pasa también por hacer competitivos sectores de la economía por medio de inversión pública eficiente. El despliegue eficiente de las autopistas 4G, la moderación de las tarifas de servicios públicos para el aparato productivo y de los precios altamente gravados de los combustibles, entre otros, son factores que le permitirán a los empresarios competir local y globalmente a la par que generan empleo, inversión, oportunidades y bienestar entre los colombianos.

Un aspecto imposible de ignorar en la ecuación financiera del Estado es su direccionamiento de gasto. Sin ignorar la función de redistribución del ingreso que debe tener, el gobierno debe tomar medidas para controlar el gasto ineficiente del Estado, dado todo peso que gasto es un peso más con el que agobia a los colombianos con impuestos. Debe controlar la evasión de los grandes contribuyentes cerrando los boquetes de exenciones, muchas legales y a su vez poco éticas.   

El gasto inmoral en el subsidio a las pensiones de los más acomodados, la descarada mermelada, y el exceso en el gasto público, tan poco controlado en el Acuerdo, deben desterrarse para mantener el empleo y generar oportunidades en real beneficio de los colombianos de a pie. Desgraciadamente los acuerdos de La Habana no van en este sentido, creciendo de manera desproporcionada el gasto público y el tamaño del Estado desde perspectivas antes impensadas.

En el próximo mes se hablará mucho del plebiscito, pero no olvidemos que, si bien acabar con el conflicto seguramente se tornará positivo para el país, hay muchísimas otras prioridades que no se pueden olvidar, prioridades que mejoran indefectiblemente el nivel de vida de los 45 millones de colombianos que no se acogieron al proceso de paz.