Es cuestión de billete

El paro armado del clan de los Úsuga es una clara manifestación de los cabos sueltos que puede dejar una negociación imperfecta de un acuerdo de paz. A pesar de que las cabezas de los grupos paramilitares acordaron abandonar las armas, hoy quedan en el país muchos excombatientes en armas que hacen perdurar la violencia en las regiones alimentados por los negocios ilegales de extorsión, narcotráfico y minería no regulada.

El alcance del fenómeno no estuvo claro hasta que este fin de semana muchos municipios del Chocó y del Urabá antioqueño, entre otros, amanecieron desocupados como los pueblos fantasma de las películas del oeste. Lo preocupante de esta imagen, lejos de la falta de actividad comercial, es que demuestra quiénes siguen dictando la ley en estos municipios a pesar de su supuesta desmovilización. En otras palabras, a pesar del acuerdo de paz con los paramilitares que germinó en Ralito, los colombianos de estos municipios siguen estando a la merced de los criminales que lo único que perdieron fue su marca y su nombre como grupo armado.

Las bandas criminales de hoy en día alimentan sus filas de integrantes de grupos paramilitares a quienes no les convenía económicamente soltar la gallina de los huevos de oro de sus actividades ilegales, de exguerrilleros que vieron en el delito económico un futuro más próspero para ellos que el de ser parte de una estructura militar en la que solo se lucraban sus jefes y hasta de  exmiembros de las fuerzas armadas y la policía que fueron cayendo en la tentación del dinero fácil. Independientemente de su origen, los delincuentes de las bandas criminales de hoy aceptan lo que muchos colombianos saben, que su prosperidad económica y no sus posiciones ideológicas son el motor de su insubordinación a la ley.

La única manera de evitar que esta situación se repita en los acuerdos de paz con el ELN y las Farc tiene que ver con no hacer viable que los negocios ilegales recluten a los excombatientes. Para esto es indispensable que las cúpulas guerrilleras entreguen la información al Estado con el fin de desmembrar las actividades criminales con las que se han venido fondeando. No se trata aquí de que Timochenko y Gabino den información puntual sobre los negocios ilegales sino que se comprometan con una colaboración activa en el desmonte de las actividades que tanto le hacen daño a la población.

El segundo imperativo es que por medio del proceso de paz no se irrigue la reinserción de guerrilleros con fondos multimillonarios de manera a que se convierta en una oportunidad para la corrupción. Dedicar fondos sin control al proceso de paz abre la puerta para que atraiga a todo tipo de barones políticos que perseguirán los dineros como a la mermelada y todo tipo de oportunistas que se harán pasar como guerrilleros con el fin de acceder a los dineros del Estado. 

A pesar de la coyuntura mundial, Colombia tiene aún una economía sólida que aguantaría impactos financieros sensatos de un proceso de paz, sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel de evasión evidente en las últimas noticias concernientes a los paraísos fiscales como Panamá. El problema es que para que el proceso de paz no se salga de control como en Guatemala, es necesario que la institucionalidad y el respeto por los recursos públicos sea el faro que guíe el proceso. De no ser así es posible que la población pierda la confianza en el proceso y se genere un caos que haga de estos nuevos procesos de paz un fracaso.