El séptimazo del juez Lupo

Sobre la carrera séptima se pueden leer 474 años de evolución urbana desde el barrio 20 de julio hasta La Caro. A medida que Bogotá va creciendo, las administraciones de la ciudad la han actualizado, ampliado y adecuado a las necesidades de sus ciudadanos. Sin embargo, la historia de su modernización no ha sido fácil.

A pesar de requerir una intervención desde los años 20, la séptima solo cambió radicalmente su aspecto hasta los años 50, cuando los incendios generados por el asesinato de Gaitán lograron el inicio de obra que no había logrado el tiempo por tres décadas. La vía fue gradualmente ampliada en los 70 y 80 para convertirse en una avenida de tres carriles por sentido, entre la calle 28 y la calle 100. En las siguientes décadas, con dificultades, se amplió hacia el norte hasta la calle 180. En los últimos 20 años no ha sido objeto de intervenciones significativas, a pesar de que la ciudad sigue creciendo y los temidos trancones se han vuelto insoportables.

Las iniciativas de transporte masivo en la séptima han sido boicoteadas al punto que se convirtieron en un caso de estudio de la Escuela de Gobierno de Harvard, donde el profesor José Gómez-Ibáñez ilustra como cohibir el desarrollo en su documento “La batalla de la carrera séptima”. El caso resume las dificultades para la gestión de su desarrollo y el continuo deterioro de la principal arteria de nuestra ciudad.

El último intento de modernizar la carrera séptima y darle prioridad al transporte masivo es una iniciativa bien diseñada y de gran importancia para la movilidad de Bogotá, a pesar de las manifestaciones de tinte político de una oposición interesada en que el Alcalde no muestre resultados positivos, así sea a costa de la ciudad. Más de medio millón de habitantes se verían beneficiados con una disminución sustantiva en sus tiempos de viaje, incluyendo a más de 150.000 familias que en los próximos 10 años comprarán su vivienda desde la calle 140 hasta La Caro. Con siete pasos a desnivel que la harán una vía rápida, la nueva séptima fue diseñada por las mejores firmas de ingeniería de Colombia, Integral e Ingetec. Generará más de 20.000 empleos para su construcción y el distrito ya ha invertido más de $400.000 millones en predios y estudios serios, haciendo gala de la planeación acertada para evitar sobrecostos.

Algunos vecinos de alto estrato y poder de influencia se han opuesto a la obra para que el frente de sus viviendas no se vuelva una obra por años, sin por lo tanto esgrimir un criterio de preponderancia del bien general para detenerla. Otros afirman absurdamente que el alcalde Peñalosa está impulsando la obra para beneficiarse personalmente. Sin embargo, lo más inexplicable es que el juez guajiro encargado del caso impidió la adjudicación de la obra con medidas cautelares fundamentadas en argumentos técnicos que van en contra de la normatividad vigente y del criterio de los expertos.

A pesar de que una decisión sensata en segunda instancia podría salvaguardar el interés colectivo por encima del particular, en un sistema con pesos y balances apropiados, los jueces deberían responder personalmente por las decisiones que agravian a los bogotanos, impiden el desarrollo urbanístico ordenado de la ciudad, la exponen a multimillonarias demandas de los proponentes y evitan la creación de empleo.