Acoso financiero público

A nadie le gusta pagar impuestos, y menos si terminan en Reficares, Odebrechts y mermelada. Sin embargo, además de que son tan eludibles como la muerte, los impuestos son necesarios para el funcionamiento de una Nación.

El problema reciente con la estructura de recaudo de fondos del Gobierno pasa no solo por su carga financiera a los particulares y empresas sino también por su complejidad. La necesidad de tener una inscripción a la Cámara de Comercio actualizada, un Registro Único Tributario (RUT), hacer declaraciones demasiado periódicas del impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto de comercio y avisos (ICA) y de retenciones de renta implica una carga administrativa para los empresarios.

Si bien la carga para las empresas establecidas que tienen economías de escala, así como el costo de los abogados tributaristas que les permiten optimizar el costo de sus impuestos, es absolutamente manejable, dado el volumen de sus negocios, para los emprendedores que están arrancando y los trabajadores informales que con buenas intenciones buscan formalizar los suyos, la carga administrativa y el foco que requiere presentar las declaraciones es irracional.

No siendo suficiente las exigencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a las empresas privadas por parte del Estado, recientemente se le ha sumado una nueva absolutamente censurable, la de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp). Esta unidad encargada del recaudo de las pensiones, los aportes a salud y al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), entre otros, ha tomado una posición fiscalizadora ante las empresas y la población que redunda en lo absurdo.

Persiguiendo a la población con información proveniente de la Dian y del sistema financiero, la Ugpp anda realizando requerimientos a todo aquel que tenga movimientos bancarios ligeramente apreciables, incluyendo hasta a los cónyugues dedicados al hogar. Además del susto que generan con sus comunicados, la Ugpp está presumiendo que los ciudadanos por mover dinero son generadores del mismo, por lo cual deben consignarles periódicamente los aportes mencionados.

Tomemos el caso de un trabajador que, habiendo perdido su puesto, decide hacer consultorías mientras se vuelve a ubicar laboralmente. Si el trabajador factura en un mes, por ejemplo, $200.000 tendría que pagar $20.000 de retenciones y alrededor de $85.000 en pensiones y parafiscales, lo cual lo dejaría con un ingreso neto inferior a 50% de lo facturado. Por otro lado, además de tener que sufrir a todo el desgaste administrativo de las declaraciones, el independiente debe, al mes siguiente, si no realiza facturación alguna, volver a hacer una declaración para que no le vuelvan a cobrar los parafiscales del mes anterior.

Las decisiones con respecto a los casos que decide la Ugpp tienen fuerza de cosa juzgada y, en caso de que el particular no esté de acuerdo, pueden llevar a embargos de sus cuentas sin instancia adicional. ¿Qué incentivos le quedan a un independiente para declarar sus ingresos ante tal realidad? ¿Será que ante la desaceleración de la economía que se está afianzando la mejor opción para el Gobierno está en que los emprendedores no emprendan y los desempleados no creen valor? Como se dice popularmente, así el desarrollo del sector privado en el país no va para ningún Pereira.