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Protegiendo a los líderes

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Tras las elecciones que dieron como ganador a Iván Duque como Presidente de la República, los periódicos se colmaron con dos noticias que terminaron por convertirse en armas ideológicas de los opositores del recién candidato electo.

La primera, fue el asesinato de líderes sociales, y la segunda, el aumento de los cultivos ilícitos que pasó de 140.000 hectáreas a 210.000 según los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Como si fuera una parodia de humor negro, los defensores del gobierno saliente culpan a la estrategia de la política antidroga estadounidense, como el gran problema de esta situación, y como Iván Duque se ha mostrado favorable al control de estos cultivos, entonces terminó siendo atacado por la oposición acusándolo de querer retornar a la guerra para destrozar los acuerdos de paz.

Ciertamente, la política antidrogas debe tener corresponsabilidad en los países consumidor-productor, y es posible que la prohibición sea más un problema que una solución, porque se responde mejor con políticas de salud pública tratada con médicos, no por medio del empleo de organismos de seguridad.

Sin embargo, esto es un consenso internacional que está fuera del alcance de un solo país, mientras tanto y de forma pragmática, Colombia debe frenar el cultivo de hoja de coca no por complacer a un gobierno extranjero, sino por la seguridad de todos los ciudadanos colombianos en especial de los más humildes labriegos que residen en las zonas donde se posan los cultivos ilícitos.

Esto, porque cuando se correlacionan los 10 municipios con mayor presencia de coca con su tasa de homicidio, se encuentran cifras alarmantes, casos como los municipios de Tibú, El Tambo y El Tarra, sus cifras de muertes violentas fluctúan entre 230 a 128 homicidios por 100.000 habitantes.

Es decir, a mayor presencia de cultivos la violencia se incrementa drásticamente. Durante seis años se ha insistido que las negociaciones con las Farc salvaron vidas, pero también es cierto que controlar la producción de drogas ilícitas ha sido extremadamente eficiente en reducir la violencia, por lo tanto, erradicar esos cultivos es evitar el desangre de esos municipios afectados por este fenómeno.

Ahora, la muerte de líderes sociales es una tragedia que viene sucediendo desde el año 2016, no comenzó al momento de elegir a Iván Duque, la responsabilidad recae sobre un gobierno que no ha generado una política de protección eficiente, porque de nuevo las correlaciones son palpables, los líderes asesinados están en zonas con cultivos ilícitos como el caso de Argelia (Cauca), que coinciden también, con áreas donde han surgido nuevos grupos criminales que aparecen justo al momento en que comienza a consolidarse el acuerdo de negociación con las Farc. Es así, que la mejor manera de proteger a líderes y humildes campesinos es eliminando esos cultivos de forma prioritaria.

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