Más cocaína, menos educación

Los municipios con presencia de hoja de coca revelan la magnitud del mercado del narcotráfico, pero no son el problema focal. Los cultivos si bien son la materia prima para producir cocaína, no poseen valor agregado y tienen un bajo precio de mercado, lo que representa para un cultivador ingresos precarios, sumado a las amenazas de los grupos armados.

No obstante estas características, los plantíos ilegales terminan revelando el problema del narcotráfico sobre el desarrollo social, ya que este mercado ilegal impacta negativamente las condiciones de seguridad de los municipios que poseen dicho flagelo. Para lograr demostrar este efecto, se tomaron las cifras del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), correlacionándolas con las tasas de homicidios por 100.000 habitantes de los municipios con presencia de cultivos. Los resultados muestran que entre 2010-2019, el promedio de la tasa de crímenes violentos es de 59 por cada 100.000 habitantes. Cuando se realiza el mismo ejercicio, pero en municipios no cocaleros, la cifra es de 33 homicidios por 100.000 habitantes; es decir los crímenes violentos se duplican ante la presencia del mercado del narcotráfico.

Este resultado es previsible, dado que los criminales instrumentalizan la violencia para aumentar los beneficios económicos. Así mismo, al analizar 2016-2020, periodo donde se firmaron los acuerdos del Teatro Colón entre Estado y Farc, muestra que, en los municipios con presencia de cultivos ilegales, la tasa de homicidios fue de 70 por 100.000 habitantes, mientras que, en los municipios sin presencia de cultivos, la tasa fue de 35 por 100.000 habitantes. Es decir, la violencia a partir de la firma de los acuerdos de paz se incrementó en los municipios con presencia de la economía ilícita del narcotráfico. Situación que expone que los acuerdos fueron mal negociados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El desarrollo social por su parte, también es sacudido por este fenómeno criminal. Una forma de mostrarlo es a través de las pruebas Saber, que miden el desempeño académico de los jóvenes bachilleres, y que intrínsecamente muestra los efectos del ingreso de las familias de los estudiantes, que presentan estos exámenes. Así, en municipios con presencia de cultivos de uso ilegal, el promedio de esa prueba entre 2016-2020 es de 223 puntos, mientras en los municipios donde no hay, es de 244 puntos.

En conclusión, el narcotráfico termina elevando el número de homicidios, que a la postre impacta sobre el desarrollo social. Una de las consecuencias, es que el desempeño educativo sea menor para jóvenes que han tenido exposición a la violencia, alimentando el ciclo de menores ingresos y oportunidades laborales.

La reflexión final es que combatir ese mercado ilegal es esencial, no solo por asuntos de control territorial, militar o policial, sino porque es una política social que termina siendo más eficiente, que varios de los programas asistenciales que se han desarrollado en los municipios con presencia de estos cultivos.

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