Ojo con el “proceso constituyente”

¿Qué pasa cuando el presidente de la República de manera intencional y expresa decide actuar por fuera del marco constitucional y legal?

Porque eso es exactamente lo que Petro en su calidad de jefe de gobierno está haciendo: excediendo las funciones que la constitución y la ley prevén para su cargo al convocar lo que le he dado por llamar un “proceso constituyente”.

Este consiste en habilitar unos “cabildos abiertos” (que, valga decir, están regulados por la ley y no tienen funciones constituyentes) para que discutan propuestas de reforma constitucional con miras a reformar o a sustituir la carta magna vigente.

Se podría argumentar que este mero acto -la convocatoria de un “proceso constituyente”- sin el cumplimiento de los procedimientos que para estos fines trae la misma constitución es de por sí una violación constitucional y legal. O sea, que sería un prevaricato, que no es otra cosa que un acto ilegal que cometen los funcionarios públicos cuando, con pleno conocimiento de que una decisión no está respaldada por la ley, deciden tomarla de todas formas.

El presidente, por supuesto, se arropa en el carácter “popular” de la iniciativa, así se trate simplemente de unas montoneras de enchufados arrimadas en un salón comunal. La convocatoria, dice, es al “poder constituyente”, el cual le otorga un mandato al “poder constituido”, es decir a él. Con esta lógica, el siguiente paso resulta obvio. Lo que salga de estos cabildos, o como sea que les dé por llamarlos, será “vinculante” para su gobierno.

Al diablo con las decisiones institucionales. No importarán las cortes, ni el congreso, ni las autoridades, ni siquiera los entes de control. Solo importará la voluntad popular teledirigida por los funcionarios gubernamentales para legitimar cualquier ocurrencia del caudillo. Igualito que en la Venezuela de Diosdado y de Maduro pero sin tanta parafernalia.

Desde estas columnas hace meses hemos alertado sobre la maniobra constituyente de Petro. Ahora es una realidad. Desde cuando dinamitó el año pasado su coalición parlamentaria y expulsó a sus ministros moderados era claro que tenía intención de transitar por el camino de las vías de hecho. Esta será su manera de perpetuarse en el poder y, si esto no le es posible, de asegurar un sucesor de bolsillo.

Los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está permitido por la constitución y las leyes respectivas. A diferencia de los demás ciudadanos, que pueden hacer lo que les dé la gana siempre y cuando la constitución y la ley no se los prohíba.

El presidente tiene como juez a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, una institución poco dada a embarcarse en complicados y muchas veces inconvenientes juicios políticos.

Ojalá que Petro con sus excesos no la tiente a actuar. En cuanto a los demás funcionarios del Ejecutivo, estos deben recordar que no cuentan con estos privilegios forales. Los que se tomen el ponche y se lancen a facilitar el prevaricato generalizado que este “proceso constituyente” conlleva acabarán respondiendo ante la justicia por sus actos.