La ley Epa Colombia

Varios colectivos feministas decidieron conmemorar el Día Internacional de la Mujer incendiando la ciudad. Hace un par de años en una protesta similar intentaron quemar la catedral primada de Bogotá sin mucho éxito. A pesar los cocteles molotov arrojados por las marchantes las pesadas puertas de roble se reusaron a prender, evitándose así una tragedia de proporciones mayores.

Cuando algún reportero les preguntó a las vándalas los motivos de la asonada respondieron que se trataba de una protesta en contra del patriarcado opresor. La Iglesia merecía “la muerte”, explicaron. Fuera de las voces de rechazo de algunos políticos, a muchos les pareció bastante normal lo ocurrido. En ese entonces la hoy directora de una importante ONG internacional de derechos humanos me reafirmó lo que para ella habría sido obvio, pero que, al contrario, lo que en realidad reflejaba era un deterioro profundo del sentido común: las protestas deben incomodar, dijo, seguramente celebrando silentemente los desmanes.

Sin embargo, en el interregno de este episodio y de lo sucedido en la conmemoración reciente del 8 de marzo ocurrió un precedente que debería cambiar las preconcepciones que toleran estos hechos. Resulta que durante las protestas de 2019 contra Duque la influencer Epa Colombia agarró un martillo en una mano y un celular en la otra y se grabó a sí misma mientras desbarataba una estación de Transmilenio. Le habrá parecido muy simpático el acto, pero a la justicia no, y después de varios años de devenir judicial la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años de prisión por daño en bien ajeno.

En verdad no hay ninguna diferencia entre los delitos cometidos por la influencer y lo que ocurrió el pasado domingo cuando les dio, no por incendiar la catedral, sino por defenestrar una estatua de Galán, además de destruir tres estaciones de Transmilenio. Por mucho que la exministra Susana Muhamad haga apología de estos delitos alegando que las marchas fueron “bellísimas”, si la Fiscalía y las Cortes son consistentes lo que debería ocurrir es una judicialización de estas criminales.

Es obvio que el ataque a la memoria de un mártir como Galán no fue un accidente. El carácter lumpen primer-liniesco no se borra con la feminidad. A quien querían quemar no era a la esfinge de bronce, sino al Alcalde de carne hueso. En esto nada hay de reivindicaciones sociales y mucho de politiquería. Porque el feminismo petrista es hipócrita por definición. Mientras que los maltratadores, misóginos y abusadores sean de los “nuestros”, ocupando inclusive los más altos cargos del Gobierno, no les importa. La censura del patriarcado y la misandria aplican solo para los que no formen parte de la tribu.

La ley, como lo aprendió Epa Colombia a las malas, es para todos por igual, sin importar los pronombres. Las autoridades tienen el deber de identificar a las criminales que causaron los daños. Videos del suceso hay por montones. No hay derechos ilimitados y el de la protesta -ya va siendo hora- debe tener su coto, que no es otro que los derechos de libertad, movilidad y propiedad de los demás.