¿Hasta cuándo la ruin y vil bellaquería de los perversos?

Somos una nación honrada, trabajadora, de clase media e ingreso escaso pero libre y democrática, que hace más de medio siglo viene siendo azotada por un puñado de cobardes bellacos, resentidos, ladrones y embusteros que acompañan desde la ciudades una violencia guerrillera subversiva transformada en narcoterrorismo que delinque para ganar poder combinando todas las formas de lucha, matando y secuestrando inocentes, violando infantes y mujeres, mutilando soldados, bombardeando poblaciones, atracando, extorsionando y robándole a los particulares y al Estado.

Quien le vende el alma al diablo, queda hipotecado de por vida con la obligación de pagarle a “Don Sata” por su silencio, cuantas veces le dé la gana. El cobarde resiente todo aquello que es incapaz de hacer, de ahí que para sobresalir se tenga que valer de artilugios, marrullas, mentiras, engaños y traición para doblegar la verdad. Eso le pasa a Santos y a los políticos que apoyan a Cepeda.

Se pregunta uno por que muchos medios y periodistas (no todos) tapan tanto las acciones atroces de los violentos y sus protectores, y le tienen tanto miedo a bellacos como Santos que nos dejaron un país sin ley y repleto de cocaína y una criminalidad de cuello blanco disfrazada de izquierda y de progresismo. ¿No será que muchos de ellos también le vendieron o le regalaron el alma al diablo?

A tres días de las elecciones, mientras muchos medios desaparecían la noticia de la orden de arresto de la Corte Suprema a la senadora guajira Martha Peralta Epieyú del Pacto Histórico por el atraco de la Ungrd, la fiscalía tercera por medio de un auto cita a indagatoria al Presidente Uribe sin practicar todas la pruebas pedidas y decretadas y sin un examen previo de la verosimilitud de las acusaciones, perniciosamente sin determinar la fecha, a responder en una supuesta participación siendo gobernador de Antioquia por las masacres del Aro y la Granja, en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y por una supuesta reunión con el paramilitarismo en la hacienda Guacharacas.

Esa investigación había sido archivada por medio de auto inhibitorio a la luz de la Ley 600 en el año 2000, pero curiosamente el 7 de septiembre de 2011, mientras el gobierno Santos ya estaba negociando en Cuba por debajo de la mesa con las Farc-EP, llegó a la fiscalía un oficio del entonces vicepresidente de la comisión Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda pidiendo que se volviera a abrir ese proceso. Luego en enero 2013 la Fiscalía de Eduardo Montealegre fundamentada en esa carta de Cepeda desarchiva esa investigación.

Dijo la fiscalía en 2013 que Pedro Juan Moreno, quien está muerto y no se puede defender, dio la orden a Carlos Castaño para hacer la masacre del Aro con la participación de paramilitares y de los Generales Alfonso Manosalva e Iván Ramírez. Masacre que ocurrió entre 22 y 31 oct 1997, pero resulta que el general Manosalva Flores había muerto en Abril de 1997, y el general encargado de la Cuarta Brigada en octubre del 1997 era el general Carlos Ospina Valle, que aún está vivo.

Esta nueva actuación 100% política de la fiscalía a tres días de una elección presidencial, en plena ley de garantías comprueba que, para desgracia de los ciudadanos de bien, la justicia en Colombia está politizada, ideologizada, monetizada e infiltrada por personas afines a la subversión armada que tantos crímenes de lesa humanidad ha cometido contra la ciudadanía y el Estado colombiano.

Entendamos cómo opera esta gente: Cepeda hizo toda su campaña presidencial soportada en los montajes del juicio mediático contra Uribe bajo la tutela de Montealegre y Del Río, y ayudado por una juez que lo condenara. Uribe luego fue declarado inocente por el tribunal de Cundinamarca, aunque aún esté pendiente una última instancia en la Corte Suprema de Justicia que acaba de condenar sin pruebas forenses a su hermano Santiago Uribe a 28 años de cárcel sin que exista una evidencia sólida y sin un solo testigo en su contra que no haya sido invalidado por su defensa.

Al mismo tiempo que atacan judicialmente a Uribe con acusaciones absurdas aparece nuevamente en escena Santos, publicando mentiras en “The Economist”, haciendo lobby en Washington, en respaldo a Cepeda y orquestando estrategias mediáticas con Daniel Coronell el periodista “más enamorado” de Uribe en todo el mundo.

Pero el tema no para ahí. Todo el montaje de la supuesta participación de Uribe en las matanzas de 1996 y 1997 y en el homicidio del Dr. Jesús María Valle, ha sido una coreografía de Iván Velázquez, ex ministro de Defensa de la fallida Paz total y a quien Cepeda anuncia como su Zar anti-corrupción, y de su elenco integrado por la actual fiscal general de la nación Luz Adriana Camargo Garzón y por quien toda la vida fuera su segundo, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo del tribunal de Antioquia, esposo de la doctora Gloria López quien ayudada por Santos fue presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Varios de ellos acusados en Guatemala por indebida e ideologizada intervención judicial en política.

Hablando en plata blanca aquí para los medios y la justicia, los crímenes son más o menos malos dependiendo de quien los cometa, y si esas matanzas se dieron con el concurso de las Fuerzas Armadas y los paramilitares, entendamos que los generales a cargo de las brigadas no le reportan ni le copian a los gobernadores ni a los alcaldes, dependen de su comandante en jefe, en ese momento era Ernesto Samper Pizano y su ministro eran los responsables, lo mismo que era Santos el Ministro de Defensa de Uribe quien también debería responder por los falsos positivos.

Colombia tiene que votar en contra de los pocos bellacos perversos que protegen los violentos bajo el espejismo de una falsa paz con la cual tienen el país asediado y aterrorizado, y convertido ante el mundo en una olla de expendio de cocaína. Hay que votar por la legalidad que es la única forma de tener libertad y el derecho a seguir siendo una nación sufrida pero democrática, honrada y trabajadora.