Emergencia tardía y sospechosa

Síganos y léanos en Google Discover

El fenómeno de El Niño no tomó a nadie por sorpresa; la pasividad del Ejecutivo, sí. Tras meses de ignorar advertencias locales e internacionales, y el clamor desde los territorios, la reciente declaratoria de desastre nacional, a dos semanas de entregar el poder, deja más sospechas que soluciones. Pretender activar facultades excepcionales a estas alturas apenas sirve para maquillar como urgencia lo que en realidad fue una omisión sostenida.

Pese a que el gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso de intensificar las acciones para mitigar los efectos de un eventual fenómeno de El Niño, en la práctica el país sigue desprotegido. Las comunidades expuestas a la sequía continúan a la deriva, sin planes de contingencia para la escasez de agua ni garantías para proteger el campo y blindar el sistema energético. La narrativa oficial promete acción, pero la realidad muestra una improvisación riesgosa.

La reciente declaratoria de desastre nacional llegó tarde y envuelta en sospechas. Emitir el Decreto 0802 a última hora no es muestra de diligencia, sino la prueba reina de la improvisación. Si bien este instrumento jurídico busca dotar al Ejecutivo de facultades extraordinarias para atender una situación de crisis mediante medidas excepcionales y temporales, su expedición genera serias dudas sobre la oportunidad y la eficacia de la respuesta estatal. Pretender usar facultades extraordinarias cuando la sequía ya golpea a las regiones transforma una herramienta de prevención en un remiendo extemporáneo.

La medida también ha despertado serias dudas sobre la transparencia en el gasto de los recursos públicos. Por eso resulta tan oportuno el freno del Consejo de Estado al suspender dos artículos clave del decreto. La decisión del tribunal, al decretar la suspensión provisional de dos de las disposiciones contenidas en el decreto, es un mensaje contundente: la urgencia no es un cheque en blanco para ignorar la Constitución.
El artículo 215 de la Carta Política no se creó para amparar la desidia. Si bien la Constitución permite la emergencia económica frente a crisis graves, esta figura está diseñada para lo imprevisible, no para salvarle la cara a un gobierno que ignoró durante meses las alertas técnicas. La excepción constitucional no es un comodín contra la ineficiencia.

Le corresponde al nuevo gobierno romper de fondo con la costumbre de gobernar a través de la crisis. Manejar la emergencia climática no es expedir decretos de última hora ni ejecutar presupuestos de excepción al calor del afán. Prevenir exige planeación rigurosa, cuentas claras y, sobre todo, la seriedad de no convertir el riesgo anunciado en el negocio de la improvisación.

Más que administrar daños, al país le urge dejar de tropezar con la misma piedra. Convertir cada evento climático en una emergencia recurrente es el síntoma de un Estado que no planifica. El reto no es sobrevivir al fenómeno actual, sino construir una infraestructura y una gestión del agua que eviten que el próximo Niño vuelva a congelar la economía y a golpear a los mismos de siempre. Continuar apagando incendios con cheques de emergencia es una apuesta irresponsable; es hora de que la política pública reemplace, de una vez por todas, al afán de última hora.