Formalizar para incluir

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Esta es la cuarta columna con recomendaciones para el nuevo gobierno. En la anterior sostuve que una política laboral capaz de generar buenos empleos debe empezar por desarrollar el talento humano mediante una formación pertinente para el trabajo.

Pero formar mejor a las personas no basta si el mercado laboral sigue excluyendo a millones de trabajadores del sistema de protección social. La manifestación de esa exclusión es la informalidad. Un trabajador informal es, en esencia, alguien que no cotiza al sistema de seguridad social y, por tanto, no construye una pensión ni accede al régimen contributivo de salud. Tiene menor protección frente a la enfermedad y la vejez y es, por ello, mucho más vulnerable.

Las cifras muestran la magnitud del desafío. Según el Dane, 54,7% de los ocupados del país son informales, cerca de 14 millones de trabajadores. En los centros poblados y las zonas rurales dispersas la informalidad alcanza 82,9%, mientras que en las trece principales ciudades es de 40,7%. Más que un problema laboral, estamos frente a uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.

Buena parte de esta realidad obedece a que nuestro sistema de protección social sigue pensado para empleos de tiempo completo y relaciones laborales permanentes. Sin embargo, millones de colombianos trabajan por días, semanas, horas o de manera intermitente. No siempre ocurre porque las empresas quieran eludir sus obligaciones. Las formas de producción han cambiado, especialmente en las economías de servicios, donde son frecuentes las jornadas variables, el trabajo por demanda y las nuevas modalidades de contratación. Si queremos un mercado laboral más incluyente, la protección social debe adaptarse a esa realidad y permitir que estos trabajadores también puedan cotizar y construir derechos.

La reforma pensional dio un primer paso al incorporar la cotización por semanas para algunos trabajadores. Y la reciente reforma laboral avanzó en la misma dirección para los trabajadores de plataformas digitales, al reconocer esquemas de cotización más acordes con la naturaleza de esa actividad. Son avances importantes, pero insuficientes. Ese mismo principio debería extenderse a muchos otros trabajadores que hoy laboran por días, por horas o de manera intermitente. La formalidad no debería depender de tener un empleo de tiempo completo.

La discusión, entonces, ya no es si deben existir mecanismos de cotización más flexibles. Ese camino ya comenzó. El verdadero reto es extenderlos sin sacrificar la protección laboral. La flexibilidad no debe entenderse como desprotección, sino como una forma de incluir a millones de trabajadores que hoy permanecen excluidos del sistema. Ahora, la verdadera protección consiste también en que las personas puedan transitar entre empleos sin quedar desamparadas. Para ello se necesita formación pertinente para el trabajo -como planteé en la columna anterior- y mecanismos modernos de protección, como un seguro de desempleo que acompañe a los trabajadores durante las transiciones laborales.

La informalidad no es una falla de las empresas ni de los trabajadores. Es el resultado de una legislación que todavía excluye a millones de colombianos de la protección social. La reforma pendiente consiste en adaptarla a la realidad del trabajo del siglo XXI.