Nicaragua: la oficialización de la tiranía

El 19 de julio de 2026, en el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega expresó lo que ya era un secreto a voces: en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. No fue un desliz retórico ni una amenaza calculada para negociar. Fue la culminación lógica de un proceso que había empezado mucho antes y encontró su forma jurídica perfecta.

La reforma constitucional de 2024 convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta (no vicepresidenta reforzada, sino jefa de Estado y de gobierno en igualdad formal con su esposo) y extendió el período presidencial de cinco a seis años, facultando, además, a la pareja para nombrar y destituir a discreción a ministros, fiscales y jefes de misión diplomática. Ese armazón no dejaba mucho margen de duda sobre hacia dónde iba el país. Lo novedoso ahora es que Ortega dejó de fingir que había margen alguno.

Vale la pena detenerse en el mecanismo, porque ahí está la clave del caso nicaragüense. No es un golpe de Estado clásico ni una ruptura violenta del orden constitucional, sino su vaciamiento gradual desde adentro. Cada reforma se aprobó de acuerdo con la ley, con una Asamblea Nacional que ratificó por unanimidad lo dictado por el poder ejecutivo. Es el patrón que Levitsky y Ziblatt (2018) describieron como la muerte lenta de las democracias: sin tanques en las calles, pero con leyes que erosionan los contrapesos hasta que estos dejan de existir en la práctica, aunque sigan existiendo en el papel.

La comparación regional es inevitable y reveladora. Con Nicolás Maduro capturado en Venezuela y Cuba bajo presión económica sin precedentes, Nicaragua ha quedado como el tercer vértice de lo que podría llamarse la “tríada” autoritaria regional. A diferencia de sus pares, el régimen de Ortega y Murillo ha logrado sostenerse con menor exposición internacional. Pocos miran hacia Managua.

Mientras Maduro dependía de un aparato de propaganda hemisférico y Cuba arrastra el peso simbólico y el desgaste de seis décadas de revolución, el nicaragüense ha operado con un perfil deliberadamente bajo: una economía relativamente estable, una oposición interna prácticamente inexistente tras la ola represiva de 2018 y una comunidad opositora en el exterior fragmentada y débil en la articulación de una alternativa creíble. Es, en cierto sentido, un autoritarismo más eficiente que el venezolano, pues no necesita ruido porque ya ganó la partida desde adentro.

La reacción internacional ha sido rápida pero previsiblemente limitada. Washington calificó al régimen de “dictadura Murillo-Ortega” y sancionó en abril a dos hijos de la pareja por presuntamente financiarlo con recursos provenientes del oro; la ONU pidió reabrir el espacio cívico; Panamá llamó a consultas a su embajador. Son gestos necesarios, pero ninguno altera el cálculo interno de los “cogobernantes”, que ya demostraron que pueden sobrevivir durante años a un cerco diplomático mientras mantienen controlados el aparato de seguridad y la economía básica.

Lo que distingue a Nicaragua de otros retrocesos democráticos recientes en la región es precisamente esa combinación de precariedad institucional absoluta y manejo descarado del poder.

En el país centroamericano no hay una fachada que mantener, ni siquiera el simulacro de elecciones competitivas que Ortega mismo toleró en 2021. Se trata de un poder que ya no necesita justificarse ante nadie, ni ante sus ciudadanos ni ante la comunidad internacional.

Lo más preocupante para los nicaragüenses es que, cuando un gobierno ya no necesita hablar de democracia para mantenerse en pie, la pregunta importante ya no es cómo presionarlo, sino si hoy existe alguna forma real de derrocarlo.