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Analistas 02/08/2022

Nayib Bukele Ortez

Luis Fernando Vargas-Alzate
Profesor asociado de la Universidad Eafit

Cuando el exguerrillero del Frente Farabundo Martí, Salvador Sánchez, gobernó en El Salvador (2014-2019), se socializaron algunos resultados en torno al peor problema que tiene y ha tenido el país centroamericano a lo largo de los años y que se enquistó en la sociedad: las pandillas. Sin embargo, ningún resultado alcanzado podría equipararse con los que hoy enseña el actual presidente de ese país, al enfrentar el problema sin complejo alguno ni contemplaciones. Podría indicarse, tal vez, que tanto esa administración de Sánchez, como la de Mauricio Funes, habían logrado apenas controlar la situación antes que trabajar para mejorarla.

Hoy, bajo la presidencia de Nayib Bukele, las dinámicas de cambio se hacen evidentes. Su mensaje ha sido directo y, aunque ha tenido que acudir a la declaratoria de un estado de excepción con varias prórrogas, pareciera ser la solución más ágil, aunque altamente riesgosa (por lo que significa que el Ejecutivo tenga vía libre en sus acciones). Es por ello que se ha suscitado una cantidad importante de reacciones en los últimos meses, mientras la sociedad civil salvadoreña le agradece haber entendido el problema y tratarlo de raíz. Al respecto, la semana pasada fue ampliado por un mes más el estado de excepción, hasta el veintitrés de agosto.
Varios organismos internacionales intentan frenar sus acciones, a partir de diversas posiciones y declaraciones, pero Bukele los ha desarmado con muy pocas palabras y total dureza en su mensaje.

Eso molestó mucho, pero recordó algo que siempre ha estado en discusión en las naciones en las que existen conflictos similares. Los derechos humanos de las personas que se acogen a las leyes y normas establecidas por los regímenes políticos, resultan ser menos importantes que los de los delincuentes, subversivos y traidores del Estado. Esas circunstancias no son exclusivas de El Salvador; en toda la región latinoamericana se ha discutido el tema sin lograr respuestas satisfactorias.

Bukele plantea lo obvio, pero escandaliza. Señala que el pollo de los almuerzos de los presos tendría que estar también en los platos de la gente trabajadora, sensata y respetuosa de la ley, que ni siquiera un huevo pueden agregarle al arroz con papas que comen para saciar su hambre. Es decir, defiende el derecho de los ciudadanos del común a tener una dieta decente, pero con ello desata respuestas desafinadas de organizaciones defensoras de derechos humanos que, como indicó el mismo mandatario, terminan siendo más hipócritas que los mismos pandilleros.

Las cifras de hoy son impactantes. Muchas de ellas constantemente desacreditadas por la oposición (de naturaleza socialista) y cuestionadas por alcanzarse como resultado de un estado de excepción inconveniente para la sociedad, como lo argumentan los más liberales. A la fecha, y desde que se propuso acabar con los pandilleros, el presidente Bukele ha detenido a más de cuarenta y tres mil individuos con algún vínculo con estos grupos, aunque sin órdenes judiciales. Esto, claramente, genera preocupaciones cuando se abre la posibilidad de que haya capturas de personas inocentes en estas redadas. Pero también ha facilitado, por ejemplo, que los asesinos de policías sí sean capturados o dados de baja, como tiene que suceder en cualquier sociedad en la que opere la institucionalidad y la ley.

Así, El Salvador se halla en medio de un dilema notable. De un lado está abierta la posibilidad de que con el estado de excepción aprobado por el Legislativo se afecten las libertades individuales y se abuse de la sociedad, pero al tiempo se ha encontrado el camino para acabar con el “cáncer” que carcome a la nación centroamericana desde hace décadas. La estrategia para Bukele es aprovecharse de la gran favorabilidad que posee y mantener su mano firme, mientras sigue fortaleciendo los diversos aparatos del Estado. Así podrá clarificar su ejercicio político y abandonar esa disyuntiva.

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