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Finalmente será realidad plena el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Desde el Congreso, la iniciativa pasó a sanción presidencial, con una votación que explicó claramente el convencimiento de que este es un paso importante que Colombia está dando para fortalecer sus instituciones, trabajar en procura de mayores índices de transparencia, avanzar en la mejora de sus realidades sociales y, como consecuencia de todo ello, alcanzar los niveles de desarrollo deseables.
Fueron 76 votos a favor contra nueve votos de legisladores que perviven aún en los esquemas mentales de la Guerra Fría. Si bien es cierto que en aquellos tiempos dicha Organización actúo alineada y en estricto beneficio a las instituciones creadas por el sistema de Bretton Woods, la realidad también es que luego de 1994, con el ingreso del primer país no desarrollado (México) como miembro pleno, la orientación varió de manera ostensible, convirtiéndose en una entidad más inclusiva e interesada en los problemas de otras latitudes.
Actualmente la Ocde cuenta con 37 miembros (incluyendo a Colombia), distribuidos así: veintisiete Estados europeos, cinco americanos, tres asiáticos y dos de Oceanía. Esta localización geográfica se explica claramente cuando se recuerdan sus orígenes en el contexto de aplicación de Programa de Recuperación Europeo (Plan Marshall) de la posguerra.
Los gobiernos optan por solicitar la adhesión cuando consideran que pueden elevar sus estándares relativos a las políticas públicas que confeccionan día a día en el ejercicio de su política doméstica. Así, generan como parte de su estrategia de política exterior, una actividad participativa en las discusiones con los pares al interior de dicho foro. Colombia ahora es interlocutor y parte activa de lo que allí se debate, aprende de ello y ofrece miradas diversas sobre las problemáticas globales, a partir de su particular contexto.
Sin embargo, no por la simple adhesión el país va a mejorar sus políticas y todo lo concerniente con su aparato de Gobierno. El trabajo que se avecina es intenso y la sociedad completa debe estar comprometida con participar en lo que corresponda. Los retos son muchos y esta membresía deberá ayudar a que se pueda avanzar en su consecución. Ante el limitante del espacio, sólo algunos de ellos pueden mencionarse acá.
Un primer desafío está relacionado con un trabajo real en materia de transparencia. A pesar de los buenos resultados en algunas instituciones, la realidad es que Colombia sigue apareciendo como un país gobernado con base en múltiples actos de corrupción. En segundo lugar, el país tiene que seguir avanzando en educación. Todavía se padecen las consecuencias de graduar en los colegios a analfabetas funcionales que, en el mejor de los casos, apenas si leen y escriben. Los resultados en las pruebas Pisa han sido contundentes.
En tercer lugar, urge que desde el sistema productivo se sigan adelantando esfuerzos amplios de diversificación y aumento de la competitividad, con el objetivo de abandonar la “trampa de ingreso medio” en la que se encuentra desde hace ya varios años el país. De acuerdo con el BID, este es un problema en el que muchas naciones latinoamericanas se hallan desde comienzos del siglo, y no permite avances significativos en el campo de lo social.
En cuarto lugar, los debates sobre empleabilidad e informalidad laboral son aún candentes. Las cifras oficiales (Dane) se contradicen fuertemente con los centros de pensamiento en los cuales se adelantan estudios juiciosos sobre el tema. Sin avanzar en la formalización del empleo, difícilmente Colombia podrá ofrecerles a sus pares acciones que sirvan de docencia. Finalmente, es menester que las violaciones a los derechos humanos queden atrás. El respeto por la vida tiene que tomarse en serio. De lo contrario el sentido de hacer parte de este tipo de organizaciones se pierde por completo.
