Diplomacia politiquera

Sigue hablándose en círculos académicos, sociales y políticos, sobre las notorias dificultades que ha tenido Colombia con la llegada al poder de Gustavo Petro en materia diplomática. Sin dejar de reconocer acertados nombramientos, la realidad es que con este Gobierno sucedió lo que desde un adagio español muy coloquial se expone: se borra con el codo lo que se hace con la mano. Las promesas de cambio, seriedad y profesionalismo en el servicio exterior (tanto en materia diplomática -política- como consular -administrativa) terminaron en lo mismo -o quizá peor- que lo hecho por anteriores administraciones.

Parece llover sobre mojado, pues de esto se ha hablado y escrito en exceso. Sin embargo, el caso de la cónsul Piedad Ramírez Ariza, además de otros dignatarios adscritos a la Colombia Humana, exige que la sociedad se pronuncie y demande unos mínimos sobre la gestión de los diplomáticos colombianos que llegan a sus cargos bajo la figura de “libre nombramiento y remoción”.

En realidad, resulta bastante incómodo tener que referirse a ciertos personajes a partir de los cargos que ocupan. Entre otras posiciones diplomáticas, los cónsules, embajadores y agentes diplomáticos, ostentan cargos que son dignidades que debieran estar designadas exclusivamente para personas íntegras e integrales que conozcan el país en detalle, entiendan el mundo y sus complejidades, pero sobre todo, sean correctas y bien formadas para el oficio en cuestión.

Lo primero es insistir precisamente en la Carrera Diplomática y Consular. Al igual que la Carrera Administrativa de un burócrata (en el mejor sentido del término, pues hacer carrera en el Estado tendría que ser motivo de orgullo), o la Carrera Militar para un oficial del ejército, las personas que transitan por la Carrera Diplomática se esfuerzan al máximo en perfeccionar su perfil profesional para servirle al Estado en su representación internacional. Sin embargo, el Ejecutivo los maltrata y abusa de su poder nombrando, en un ejercicio de grosera politiquería, a quienes apoyan procesos electorales.

En segundo orden, pero vinculado con lo primero y retornando al caso específico de Ramírez Ariza, existe un tema tan politiquero de fondo que a la funcionaria la nombra primero Gerardo Vega Medina, director general de la Agencia Nacional de Tierras, el 21 de septiembre de 2022 para que ocupe el cargo de Experta, Código G3, grado 6 (asesora experta), con un propósito general y unas funciones esenciales tan vagas que bien podría caber allí, aún sin experiencia en el tema de tierras en el país.

No obstante, en menos de seis meses deja esa posición y en medio de un nuevo ejercicio politiquero es nombrada por el Canciller Leyva en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, código 2114, grado 15, el ocho de marzo de 2023, para que ejerza como encargada de las funciones consulares en la embajada colombiana en Bolivia.

Ahora, con solo diez meses en su cargo, la funcionaria es investigada internamente (en la Cancillería) porque, en apariencia, desconoció las funciones propias al mismo. Es la razón por la que la diplomacia politiquera es un problema de fondo. Un(a) cónsul no puede llegar a tal posición porque sumó unos votos a una campaña política. Es un encargo administrativo de la mayor importancia, en tanto está en juego la protección de derechos del Estado y, sobre todo, de los connacionales que se hallan por fuera del país.