Colombia ¿y la Ocde?

A pesar de haber logrado hace más de un año la aprobación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) para que Colombia se adhiriera como el tercer país latinoamericano y el número 37 del foro internacional, este es el momento en que sigue sin darse la oficialización de la membresía, dado que a estas alturas la Corte Constitucional sigue en proceso de revisión de las leyes que determinaron, no solo la adhesión, sino además los privilegios, inmunidades y facilidades que tendrá la Organización y sus funcionarios en territorio nacional.

Las leyes sancionadas por el presidente Duque y que pasaron a la Corte desde hace meses, son la Ley 1950 del 8 de enero de 2019 y la Ley 1958 de junio 18 del mismo año. Sin que el alto tribunal se pronuncie, poco avance se puede dar en relación con la instalación del conjunto de funcionarios que representará al país ante el organismo internacional. Esto, no obstante se haya presentado recientemente la renuncia de Gloria Alonso (exdirectora de Planeación Nacional) para, según se ha dicho, irse a participar de este grupo de trabajo.

Mientras eso pasa (es decir, nada), lo que la Ocde publicó varios meses atrás, presentado como diagnóstico del país, en el reporte Economic Policy Reforms, 2019: Going for Growth, mantiene las condiciones contradictorias hasta este martes. Recuérdese que, a pesar de señalar que Colombia ha tenido avances significativos en diversas áreas cuando se traza un comparativo con el último cuarto del siglo XX y lo que ha transcurrido del XXI, el informe enfatiza, entre otras cosas, que la competitividad sigue rezagada, al tiempo que las exportaciones del país mantienen la inadecuada tendencia del 80% provenientes del sector extractivo. Además, a pesar de existir progresos importantes en materia de conectividad y comercio electrónico, dado que cada vez más firmas están utilizando tecnologías digitales para los negocios (y así lo reconoce el texto), el porcentaje en Colombia apenas se sitúa por el 8%, a diferencia de Italia (15%) o los Países Bajos (39%), entre otros casos.

El llamado de atención en relación con la formalización laboral y mejoramiento de la calidad del empleo hoy está coincidiendo, después de muchos años, con un índice de desempleo que pareciera nuevamente anclarse a la otrora tendencia de dos dígitos. Otro de los asuntos neurálgicos está vinculado con los resultados y la equidad en la educación; al que se adicionan problemas evidenciados relativos con la infraestructura, el comercio, los estándares de calidad de vida de las poblaciones rurales y el trabajo e inversión en Investigación y Desarrollo (I+D).

En definitiva, los reportes más recientes producidos, tanto por la Ocde como por otras entidades internacionales, realizados a partir de la revisión, consecución y análisis de la información institucional ofrecida por las mismos organismos del Estado colombiano, reflejan un pasmoso grado de contradicción entre lo que puede considerarse un avance significativo en diversas áreas y un retraso ostensible en otras tantas que, incluso, terminan por desvirtuar la importancia de haber emprendido el proceso de adhesión a la organización internacional que asiste, acompaña y valida la generación de políticas públicas de alto impacto alrededor del mundo.

Tal situación, quizá en parte, pueda atribuirse a que, no obstante transcurrir 15 meses desde que la Ocde aceptó recibir al país como su miembro 37, esto sigue sin convertirse en realidad. Urge no solo que la Corte anuncie de una vez por todas lo exequible de ambas leyes, sino que el gobierno nacional conforme el grupo de funcionarios que va a actuar como enlace entre los miembros de la Organización y los estamentos administrativos de un país que aún se halla lejos de lo que en ese foro están promoviendo. La sensación es que esta administración no se ha interesado lo suficiente por el tema. ¿Será eso cierto?