Analistas

Para fortalecer el desarrollo eléctrico

La construcción de infraestructura eléctrica en Colombia se enfrenta a grandes retos que se pueden traducir en retrasos para la ejecución y puesta en marcha de las obras. Estos retos, que comprometen el ritmo de crecimiento del país, nos exigen ser cada vez mejores y nos invitan a explorar alternativas innovadoras y eficientes que faciliten el desarrollo de infraestructura.

Hoy, es necesario contar con información suficiente y confiable sobre la presencia de minorías étnicas, zonas protegidas, restricciones ambientales, zonas arqueológicas, reservas naturales, entre otras; antes de estructurar y presentar ofertas de proyectos. Nuestra propuesta va dirigida a que desde el Mininterior se garantice la entrega de información completa y oportuna para convocatorias, definiendo los plazos y causales para su ampliación, cuando los problemas en territorios impliquen dificultades para la puesta en servicio.

Los rezagos en el otorgamiento de las licencias podrían mejorar estandarizando los criterios de los evaluadores y funcionarios de las autoridades ambientales, mediante alianzas con empresas o universidades que efectúen las evaluaciones, con plazos definidos y con criterios unificados. También se podría agilizar el proceso incluyendo como Proyectos Estratégicos de Interés nacional -Pines-, los del Plan de Expansión de Transmisión de Energía que requieran licencia ambiental. 

De acuerdo con las dificultades que se presentan en procesos de imposición de servidumbres de conducción de energía eléctrica, sobre predios afectados por restitución de tierras, lo primordial sería definir un procedimiento claro para dicha imposición, liderado por el Estado. Además, es importante determinar una metodología unificada de valoración, que congele los precios al momento de la imposición de la servidumbre, para evitar las especulaciones en los precios de la tierra y los incrementos en las compensaciones exigidas por lo propietarios.

Las comunidades se cuestionan cada vez más las afectaciones ambientales o económicas de la construcción de proyectos de infraestructura eléctrica. Es por eso que en las empresas transportadoras de energía trabajamos para acercarnos a las poblaciones y divulgar de forma temprana las particularidades del proyecto, además de ofrecer la realización de una iniciativa de beneficio comunitario, elegida por los mismos habitantes. Sin embargo, a la llegada de las empresas, es usual encontrar que las comunidades aspiren a superar años de atraso en desarrollo, incrementando sus exigencias y pretensiones económicas, con lo cual se obstaculizan los planes.

Por eso, el Estado debe tener una presencia más evidente en los territorios, especialmente donde existen resguardos y cabildos, liderando los procesos de consultas previas en las comunidades, incluyendo acuerdos en las obras de desarrollo que se requieren y que, eventualmente, podrían ser asumidas por las empresas con beneficios tributarios.

Finalmente, es evidente una desarticulación entre entidades ambientales y de planeación de los ámbitos nacional, departamental y municipal. Por eso, proponemos integrar las políticas nacionales (PND), regionales (Planes de Desarrollo Regional) y locales (POT), para permitir la coordinación en el proceso que transcurre desde la adjudicación de las obras hasta su construcción. Además, contemplar la creación de un organismo independiente (algo así como una “Agencia Nacional Eléctrica”), como apoyo efectivo del Estado.