En una columna del pasado 2 de agosto, el director de la Dian, José Andrés Romero, celebró el arranque de una comisión para revisar los beneficios e incentivos del sistema tributario colombiano. “De forma casi premonitoria”, y lo dijo en serio, “anticipando las nuevas necesidades generadas de la pandemia, la ley de crecimiento estableció la Comisión de Expertos Internacionales”. Una “nómina de lujo” o dream team, sentenció.

Aclaremos el desubique mayúsculo. El Gobierno no estableció esa comisión porque tenga dones de brujería y haya anticipado que, en pandemia, necesitaríamos arreglar la feria de exenciones y beneficios no justificados que tenemos.

Primero, esa feria que en cuentas del propio Romero sale en unos $74 billones al año (cerca de 27% del presupuesto de 2020), no es costosa solo en pandemia. Es indeseable desde hace rato y muchos economistas lo hemos señalado con insistencia. Como será que en mi caso el tema ya me tiene encasillado. Hace algunos meses me presentaron a una persona que, habiendo leído mi cansona insistencia con el tema, dijo con toda naturalidad: “¡Ah, sí! El man de las exenciones. Mucho gusto. ¡El colmo esa vaina!”

Segundo, porque este gobierno lejos de querer eliminar las exenciones ha sido su amigo, multiplicándolas sin sustento técnico en su mal llamada y mal tramitada “ley de financiamiento” de 2018, luego mal rebautizada “ley de crecimiento” de 2019. Muchos académicos, opinadores, y políticos expresaron su preocupación. En vano, por supuesto.

Tercero, porque esta comisión no se la inventó el Gobierno. Al contrario, hizo todo lo posible por evitarla y, cuando no pudo, moldearla a su antojo. Su origen viene del control que muchos sectores hicieron, como paliativo apenas, contra su exención-filia. Por insistencia de políticos de oposición frente al derroche del Gobierno, la primera versión de la comisión se incluyó en la ley de financiamiento. La proposición original de David Racero y Ángela María Robledo buscaba un grupo independiente, conformado por académicos de universidades públicas y privadas, expertos tributaristas, para evaluar la lista de exenciones.

Al fin, el debate político condujo al artículo 110. La Superintendencia de Industria y Comercio, la Dian y la Contraloría conformarían un equipo para evaluar los beneficios tributarios de todo tipo. El equipo entregaría un informe en julio de 2019, y en el primer trimestre de 2020 el Gobierno haría una reforma de los beneficios. Pero todo esto fue en vano porque el artículo desapareció, eliminado como por arte de magia por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre algo tiene razón Romero: la brujería del Gobierno.

Buenos brujos pero malos líderes, pues no saben tramitar leyes o decretos y el Gobierno tuvo que reintroducir la reforma tributaria en 2019. De nuevo la oposición insistió en la necesidad de revisar las exenciones. Propuso una comisión con fórmulas que buscaban independencia del gobierno y conocimiento técnico de la realidad tributaria del país (por ejemplo, como lo hizo en una proposición la representante Juanita Goebertus).

Pero el Gobierno ganó el pulso y creó un grupo con las características contrarias. Está liderado por la Dian, los ministerios de Hacienda, Comercio, Agricultura, Trabajo y cinco expertos internacionales (escogidos por Hacienda y la Dian). Tendrán además 18 meses desde su conformación (cuya fecha no se estipuló, y ya vemos lo que tardaron) para entregar su reporte, dándole razón a esa frase atribuida a Napoleón (que el Presidente Duque bien conoce, pues la ondeaba en 2012): “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión.”

Fue imposible atajar estos y otros goles. No solo se creo una comisión sin independencia alguna del Gobierno, llena de los sectores que quieren aferrarse a los beneficios, que entregará sus conclusiones cuando “ya para qué” con Duque de salida, y sin ningún experto en la tributación colombiana. Que abundan, por supuesto, y no son amigos de estas gabelas como el Gobierno. Además, el énfasis en el artículo es el de evaluar los beneficios y su conveniencia para mantenerlos, no el de revisar su costo fiscal para eliminarlos.

Como si fuera poco, versiones iniciales indicaban que solo se podían estudiar exenciones de una lista limitada establecida por el Gobierno. Aunque eso se eliminó, por fortuna, esta comisión de gobierno pondrá sus propias reglas de funcionamiento. Esperemos que entre ellas no esté la de limitar la lista de beneficios a revisar.

Espero equivocarme. Quiero dejar de ser “el man de las exenciones”. Quiero que de esta comisión salga una trasquilada en serio de tanto regalo que está ahí porque alguien con poder político lo obtuvo y no porque estén justificadas por sus beneficios sociales. Quiero que recuperemos unos fondos públicos valiosos que tendrían muchos usos alternativos superiores, en pandemia y en tiempos normales.

Pero lo premonitorio si juzgamos por esta historia no es la sabiduría del Gobierno al luchar contra sus exenciones. Es su maña de defenderlas y multiplicarlas.