Un país de tributarias

Encontrar el nivel de impuesto óptimo para las rentas de capital, trabajo y consumo ha sido la preocupación durante décadas de dirigentes, economistas y de expertos de otras ciencias sociales. Desde 1990 Colombia acumula cerca de 21 reformas tributarias, es decir, cada menos de dos años se realiza una. Esto no solo evidencia que no se hacen de carácter estructural, sino que los empresarios y en menor medida las personas no cuentan con certezas para hacer planeación tributaria y de inversiones de largo plazo. Por tanto, al tomar decisiones de apuestas de país ambos actores enfrentan una suerte de incertidumbre, que limita la posibilidad de contar con mayor inversión, empleo y reducción de desigualdad.

Para ilustrar el dilema que enfrenta Colombia en materia tributaria, imaginemos un país en el que el congreso aprueba una reforma tributaria en la cual se decide que la tasa del impuesto sea igual al 100% del valor total de la producción y de los salarios. Esto en términos mas prácticos significaría que las empresas decidan no producir, el industrial, el panadero, el agricultor, el comerciante no tendrían ninguna motivación para crear empresas, ni mucho menos para mantenerlas abiertas pues todo lo que sea su producción terminaría en poder del gobierno; en igual sentido sucedería con los trabajadores, no tendrían incentivo alguno para trabajar pues
todos sus ingresos terminarían en poder del gobierno. Con este escenario, el gobierno sería el gran perdedor al aprobar esta tributaria del 100% de la producción y el trabajo pues el resultado sería que el nivel de recaudo sea igual a $0. Pero un caso también extremo es que la reforma que apruebe el congreso implique (en un caso hipotético) que el nivel de impuesto sea igual a 0%, en escenario las personas y las empresas tendrían todos los incentivos tanto para trabajar como para invertir, puesto que no pagarían ningún impuesto. Sin embargo, en este caso el país caería en una crisis derivada de la imposibilidad del gobierno para contar con ingresos que permitan atender las necesidades sentidas de la población. Un gobierno con $0 de recaudo se quedaría sin recursos para pagar salarios de maestros, médicos; los hospitales no tendrían recursos para su funcionamiento, la justicia tampoco tendría como actuar, las vías rurales no se pavimentarían, los programas de subsidios a matricula cero, adulto mayor, entre muchos otros no serian posibles.

De los dos casos hipotéticos anteriores, y retomando los aportes del trabajo del profesor de la Universidad del Sur de California Arthur Laffer, quedan varias conclusiones: en primer lugar, que el nivel de impuestos no debe ser ni lo suficientemente alto que no permita a las personas y empresas realizar su actividad productiva, ni lo suficientemente bajo que limite la actuación del estado; en segundo lugar, que las economías deben contar con niveles de impuestos que incentiven la inversión y el empleo; en tercer lugar, Colombia debe velar porque la reforma tributaria que se aprueba evite la evasión e incentive los sectores económicos, y en cuarto lugar, que debemos ser conscientes de la necesidad del pago de impuestos (particularmente desde la renta de personas) para que el gobierno pueda atender las necesidades del país. En la medida en que se mejore el nivel de recaudo, acompañado de un mejor diseño de la política económica y social, mejores serán los resultados en materia de crecimiento económico e impulso a la equidad.

Por lo anterior, enviar una reforma con carácter de urgencia al Congreso debe implicar que la tributaria que se apruebe recoja temas fundamentales que hasta hoy no son los centrales de la reforma como son: incluir nuevas fuentes de ingresos para municipios y departamentos, disminuir la base gravable del impuesto de renta a personas, revisar la tasa de tributación para azucarados y ultraprocesados, reconsiderar el impuesto a dividendos y mantener la exención de renta a las viviendas de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). En especial, la reforma debe dar prioridad a la seguridad jurídica para la inversión, la generación de empleo y el bienestar para la población. Situación que al momento de escribir esta columna genera más preocupación que tranquilidad. Hay que entender que los buenos desempeños empresariales se materializan en empleo e impuestos y que en especial es fundamental que el gobierno entienda que mayor tamaño del estado, no significa un mejor estado.