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Los ingresos tributarios de los departamentos disminuyeron $2,8 billones en 2020.
Luego de conocerse la propuesta de una nueva reforma tributaria en Colombia, que desde ya ha generado múltiples opositores, vale la pena realizar un balance de la realidad financiera de los departamentos que, por ahora, no encuentran oxígeno en la propuesta de reforma.
La situación fiscal de los departamentos no es nada alentadora. Si se revisa 2020, la pandemia afectó la dinámica de los ingresos tributarios, en especial, el impuesto a la cerveza y licores; registro; sobretasa a la gasolina y, con mayor fuerza, el de industria y comercio en Bogotá.
Por su parte, si centramos la mirada en 2021, y teniendo en cuenta las medidas recientes en favor de defender la vida, es previsible que los impactos de estas decisiones se reflejen en una menor dinámica de los ingresos anteriormente mencionados. Más que la disminución de los ingresos de los departamentos, la preocupación real pasa por los impactos que esta caída ocasionará en el diseño de la política social y el cumplimiento de los planes de desarrollo.
A modo de ejemplo, con los recursos que dejaron de percibir los departamentos en 2020 sería posible construir o realizar:
Mas allá de las cifras que nos ilustran y permiten dimensionar, lo realmente relevante es que, en medio de la situación ocasionada por la covid-19, los gobernantes locales carecen de instrumentos de política que permitan aumentar el gasto realizado por parte del sector público para reactivar la economía.
Por eso, mientras las finanzas de los departamentos agonizan en un pasillo esperando una misión de fortalecimiento de ingresos, la propuesta del Gobierno Nacional de reforma tributaria avanza en términos más en la dirección de ponerlos en riesgo que de darles oxígeno. Específicamente, al proponer peajes en ciudades capitales, modificar la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM y convertir el impuesto vehicular en impuesto nacional a vehículos. Análisis del cual me ocuparé en una próxima columna.
Por lo pronto, más allá de la reciente propuesta del Gobierno, urge que las regiones lideren una verdadera reforma que reoriente la política de tributación garantizando nuevas rentas e ingresos en lo local, para la ejecución de proyectos que respondan a las necesidades más sentidas de la población, aprovechen los factores competitivos del territorio y, en especial, que permita la dotación de servicios públicos del siglo XXI que aceleren el desarrollo económico y social, pues como lo planteó hace algunos años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ¡Recaudar no basta!
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