Que los impuestos se vuelvan ciudad

Bogotá volvió a intentar una reforma tributaria. Esta vez promete movilizar $78,3 billones de inversión, generar 215.000 empleos y asegurar $1,3 billones anuales de nuevos ingresos durante la próxima década. La ambición es bienvenida: una ciudad que planea año a año termina financiando necesidades de largo plazo con improvisaciones de corto plazo. Pero mirar a diez años exige distribuir con justicia los beneficios y las cargas. Para hacerla realmente progresiva propongo cuatro ajustes.

Primero, esta es una buena oportunidad para corregir un viejo problema del ICA: grava ingresos, no beneficios. Supongamos dos negocios que venden $100 y pagan una tarifa de 8 por mil. El primero obtiene un margen de 20: su ICA equivale al 4% de ese beneficio. El segundo, por su estructura de costos, apenas obtiene un margen de 4: el mismo impuesto se lleva el 20%. Igual facturación, igual tarifa, cinco veces más carga sobre la ganancia. La reforma debería permitir diferenciar o recategorizar unidades productivas con márgenes bajos, estructurales y comprobables. No por actividad económica, sino por su realidad financiera y su aporte al empleo.

En esa misma línea, es clave reconocer a los microempresarios y asegurar que los incentivos también lleguen a ellos, pues la alta carga tributaria sobre estas unidades productivas ha sido una de las causas recurrentes de su rápida quiebra; una política moderna debe equilibrar el respaldo al gran capital con un apoyo real y sostenido al emprendimiento.

Segundo, deben separarse las exenciones del predial y la sobretasa para modernizar el alumbrado público. Los incentivos a grandes inversiones responden a una política de competitividad; el alumbrado, a un servicio colectivo del que también se benefician esos proyectos. Por eso, la exención predial no debería arrastrar la exclusión de la sobretasa. De lo contrario, grandes desarrollos recibirían el beneficio mientras la clase media -con cobros proyectados desde $11.000 mensuales para el estrato 4- asumiría una proporción mayor de la modernización. Incentivar inversión no puede significar subsidiarle hasta la luz.

Tercero, Obras por Impuestos debe ocupar el centro de la reforma. Bogotá ya cuenta con el mecanismo fiduciario para convertir obligaciones tributarias en proyectos ejecutados directamente y recibidos por el Distrito. Usemos esa capacidad para cerrar déficits de manzanas del cuidado, centros sociales, vivienda social e infraestructura de movilidad sostenible. Una ciudad equilibrada no solo atrae capital: consigue que la inversión llegue a los territorios y se traduzca en derechos.

Cuarto, recojo una idea que escuché de un amigo: constituir un Fondo Solidario de Bogotá para apoyar la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto. Con destinación específica, control ciudadano y convenios de cofinanciación, Bogotá puede cooperar sin ceder la autonomía sobre sus recursos. La capital también se engrandece cuando actúa como parte de una nación.

Una reforma justa no premia únicamente a quien llega con más capital. Protege a quien produce con márgenes estrechos, distribuye las cargas y convierte impuestos en obras. La ciudad inteligente no es la que más recauda. Es la que transforma cada peso en prosperidad compartida.