Lo público como acelerador del desarrollo

Asumir la dirección general de participaciones estatales del ministerio de hacienda es una oportunidad para construir una hoja de ruta que no solo responda a las urgencias del presente, sino que reconfigure el papel estratégico de la propiedad estatal en Colombia.

Conviene comenzar con una distinción que suele perderse en el debate público: fortalecer la propiedad estatal no es estatizar la economía. La primera es una apuesta por la gestión inteligente de activos estratégicos al servicio del desarrollo nacional; la segunda, una ideología que concentra el poder económico en el Estado y desplaza la iniciativa privada. El Gobierno está enfocado en lo primero.
Las empresas del Estado generan valor en múltiples dimensiones. Además de utilidades, inversión, empleo y encadenamientos productivos, existe un valor estratégico y simbólico menos visible en los balances financieros: la presencia estatal en sectores clave.

Piénsese en Satena. Esta aerolínea conecta territorios donde el mercado no encuentra incentivos para operar. Su valor no se mide únicamente en rentabilidad, sino en cohesión territorial, soberanía y garantía de derechos. Sin Satena, muchas comunidades del Pacífico, la Amazonía y los Llanos quedarían desconectadas del proyecto de nación. Además, cuando esas rutas se vuelven rentables, la inversión privada llega y dinamiza aún más las economías locales.

Algo similar ocurre con las empresas del Grupo Bicentenario, esenciales para la banca de desarrollo, el crédito agropecuario y la financiación de vivienda. Su existencia no solo dinamiza la economía; también amplía oportunidades, fomenta la competencia y lleva crédito a sectores ignorados por el sistema financiero convencional. La propiedad estatal bien gestionada, actúa como punta de lanza y señal de mercado.

Sin embargo, la propiedad estatal solo genera valor cuando se gestiona activamente. Tener participaciones accionarias no basta. Se requieren criterios de gobierno corporativo, rigor y visión de largo plazo.

En esa lógica, la eventual enajenación de la participación de la Nación en Coltel no contradice el fortalecimiento de lo público. Optimizar el portafolio estatal implica reconocer cuando un activo deja de responder a una misión estratégica y redirigir esos recursos hacia sectores prioritarios. El objetivo no es acumular activos, sino asegurar que cada uno cumpla una función clara al servicio del país.

Quizás el trabajo más importante hoy sea la construcción de una nueva Política de Propiedad Estatal para Colombia: una política orientada a una nueva generación de empresas públicas capaces de enfrentar el cambio climático, impulsar la soberanía alimentaria y digital, fortalecer el acceso al agua, la educación y la salud, y asumir riesgos estratégicos donde la inversión privada llega tarde o no llega.

Colombia tiene la oportunidad de demostrar que la propiedad estatal bien gestionada no es un rezago del pasado, sino una ventaja competitiva para el futuro. En un mundo que exige inversiones de largo plazo, el Estado tiene un rol insustituible como inversor estratégico, articulador de ecosistemas y garante de que los beneficios del desarrollo lleguen a todos.