La motosierra de Abelardo

Abelardo de la Espriella ha puesto una cifra sobre la mesa: recortar 700.000 servidores públicos y privatizar decenas de empresas estatales para ahorrar entre $25 y $30 billones anuales. El argumento es conocido: el Estado colombiano es demasiado grande, demasiado costoso, demasiado ineficiente. Antes de aceptar ese diagnóstico, conviene revisar si es cierto.

No lo es.

Según el informe Government at a Glance de la Ocde, los servidores públicos en Colombia representan apenas 6,2% del empleo total, una proporción cinco veces menor que el promedio de los países desarrollados, donde uno de cada tres trabajadores es empleado público. Si hubiera sido incluido en la medición, Colombia sería el segundo país con menor burocracia de todo el bloque, superado únicamente por Japón. El Estado colombiano no sobra: llega poco, llega tarde y llega mal a los territorios donde más se necesita. Recortarlo no es una cirugía de precisión, es amputar lo que apenas existe.

El segundo problema es aritmético. De la Espriella promete compensar esos 700.000 empleos con tres millones de puestos nuevos impulsados por petróleo, construcción, turismo y agricultura. Pero la Matriz Insumo-Producto del Dane revela una realidad incómoda: los sectores que más aportan al PIB son precisamente los que menos empleo encadenan. La refinación de petróleo, la generación eléctrica y la industria pesada concentran producción, pero son sectores intensivos en capital con escasa vinculación laboral. Incluso se estima que, bajo el escenario más optimista de inversión privada, la materialización del empleo ocurre de forma gradual entre 2028 y 2032 y equivale a reducir el desempleo apenas un punto porcentual. La pregunta que la propuesta no responde es la más elemental: ¿qué hacen esos 700.000 trabajadores mientras el mercado construye empleo a lo largo de seis años?

La respuesta más probable, dado que hoy 83,5% de los trabajadores rurales ya están en la informalidad, es el rebusque.

Y luego está la pregunta que nadie hace en la campaña: ¿quiénes compran? Colombia tiene un mercado de capitales estrecho y cuatro grandes conglomerados con capacidad real de adquirir activos del tamaño del Banco Agrario, ISA o las electrificadoras regionales. Vender en ese mercado no amplía la competencia, la reduce. México lo experimentó en los años noventa: once de los catorce ultrarricos del país construyeron su fortuna sobre privatizaciones. Telmex no se convirtió en un mercado competitivo: se convirtió en el monopolio privado de Carlos Slim.

El Banco Agrario opera hoy como el único banco en 465 municipios colombianos. Más de 323.000 mujeres rurales tienen crédito activo gracias a él. Privatizarlo no es modernizarlo: es cerrarlo para quienes no tienen alternativa.

Reducir el Estado en Colombia no destruye burocracia. Destruye cobertura, destruye crédito rural, destruye conectividad territorial y concentra la riqueza en quienes ya la tienen. Eso no es una reforma fiscal. Es un retroceso histórico disfrazado de eficiencia.