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Esta semana los estudiantes de economía de 54 universidades del país se pronunciaron en contra de la decisión reciente del Ministerio de Educación y del Icfes de suprimir el componente específico de las pruebas Saber Pro, a realizarse los días 14 y 15 de noviembre. Tienen razón los estudiantes en su postura frente a la medida.
En la comunicación dirigida a la ministra María Victoria Angulo y la directora Mónica Ospina, se rechaza la decisión anunciada apenas el pasado 15 de octubre y sustentada, según el Ministerio, en las condiciones excepcionales generadas por la pandemia. La necesidad de reducir los tiempos de permanencia en los sitios de evaluación obliga, señala la resolución, a dejar únicamente el componente genérico de las pruebas de Estado: lectura, escritura, pensamiento lógico-matemático e inglés.
En plata blanca, lo que el Ministerio anunció recientemente es que los estudiantes de los últimos semestres de áreas tan distintas como medicina, derecho, filosofía, biología, ingenierías o economía, tendrán el mismo examen para evaluar sus competencias profesionales. Es decir, quedarán fuera de la prueba los conocimientos y destrezas que son exclusivos de cada disciplina y que los estudiantes han adquirido durante los últimos cuatro años.
La argumentación del Ministerio es débil, pues señala que las competencias genéricas permiten “realizar todos los análisis globales y comparaciones entre los distintos programas” y que estas “se constituyen como fuente de información transversal e insumo para los distintos procesos educativos (…)”.
Es indiscutible que las competencias genéricas son importantes en la formación de cualquier profesional, en eso tiene razón el Ministerio. Sin embargo, extrapolar ese argumento a que basta con tales pruebas para hacer las comparaciones entre la calidad de los diferentes programas es, no solo una deducción precipitada, sino que desconoce los procesos de estudiantes y planteles educativos, los cuales, la sociedad colombiana, el mercado y el Estado necesitan evaluar.
También es cierto que las condiciones de la pandemia exigen medidas excepcionales en diferentes ámbitos, entre ellos la educación y la evaluación; ¿pero, no podían tales medidas preservar los contenidos a los que los estudiantes se han abocado durante sus carreras, en lugar de eliminarlas de tajo? Al menos se pudo haber propuesto un equilibrio entre competencias genéricas y específicas, posponer la prueba - especialmente ante las preocupaciones existentes de fraude y suplantación - o invitar a replantear las implicaciones de los resultados, pero nada de esto se hizo.
Y lo anterior se debe, entre otras, a que la resolución del Ministerio no consultó la voz de universidades y estudiantes, sino que fue anunciada de manera unilateral y muy sobre la víspera. Con razón, entonces, los estudiantes afirman que tal decisión “invalida el objetivo principal de las pruebas Saber Pro” y sugieren la adopción de medidas temporales más prudentes.
Ahora, al margen del efecto directo sobre quienes deben tomar la prueba el próximo fin de semana, las principales implicaciones son para la sociedad colombiana, que como resultado de las nuevas medidas pierde una herramienta clave para comparar profesionales y programas, reemplazándola prácticamente por una segunda versión del Saber 11.
