viernes, 10 de julio de 2020

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Las preocupantes proyecciones de crecimiento económico del país en los próximos años, y las metas en el balance fiscal a partir de 2022, obligan a pensar en una política agresiva de reactivación económica y protección y generación de empleo que permita los niveles de crecimiento esperados en ese momento. Desafortunadamente, la distancia entre estas metas y las políticas anunciadas hacen pensar que el Gobierno combina altas dosis de optimismo con la ausencia de una política clara que evite la prolongación del colapso económico que trajo la pandemia.

Hasta ahora, los esfuerzos del Gobierno en atención a la crisis económica tienen un importante énfasis en brindar auxilios a las empresas, ofrecer líneas de crédito, subsidios a la nómina y otros alivios financieros para prevenir el cierre y el consecuente despido de trabajadores.

Desafortunadamente, esto es más anuncio que realidad, ya que, como se sabe, dichos auxilios no solo han sido insuficientes, sino que incluso hoy -más de tres meses después de iniciado el confinamiento- pequeños y medianos empresarios señalan todo tipo de trabas para acceder a ellos. Peor aún, preocupa que la vigencia de varios de los apoyos termina pronto.

Entre las mipymes, que concentran cerca de 80% del empleo nacional, se califica a las líneas de crédito como de difícil acceso y se manifiestan desembolsos apenas de 22% de los recursos anunciados. Esto, en un contexto donde los ingresos y la cartera se deterioran y se pide mayor efectividad en la ejecución de las medidas.

Más allá de estas percepciones, al evaluar los resultados de la política, aparecen más de 5,4 millones de empleos destruidos en los últimos dos meses, según cifras oficiales, mientras que en los medios de comunicación se vuelven paisaje las duras imágenes de negocios que cierran todos los días. Podría argumentarse que la situación sería mucho peor en ausencia de las políticas del gobierno, pero, es claro que estamos hablando de cifras con las que es imposible celebrar.

Además, el contrafactual pierde validez cuando se hacen análisis comparados donde gobiernos en otros países han decidido, de verdad, y de manera ágil, evitar la destrucción del tejido empresarial.

Ahora, las políticas puestas en marcha apuntan a proteger a las empresas que han sobrevivido a la cuarentena, pero dejan de lado un elemento fundamental para la reactivación económica que es la recuperación de los empleos perdidos. Esto, a su vez, se traduce en limitaciones en la demanda y pone en riesgo la supervivencia post pandemia.

Es decir, de poco sirve que las empresas no cierren durante los próximos meses si, por razones como el desempleo creciente, los colombianos carecen de los recursos para comprar los bienes y servicios que ellas ofrecen. Los estímulos a la demanda han sido prácticamente inexistentes y la atención a los sectores más vulnerables se limita a apoyos para garantizar la subsistencia.

La protección del tejido empresarial exige auxilios que deben ser más ágiles y de mayor alcance. Pero también siguen ausentes los grandes programas transformadores que reclama una situación como la actual, que permitan la generación de empleos y contribuyan a la demanda que requieren las empresas una vez pase la tormenta. En este frente todavía hay mucho por hacer.