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Después de año y medio, con diálogos de sordos, se hundió la reforma a la salud. La mayoría de los expertos, a quienes movía el mejor interés de la nación y los pacientes, y no la ideología, indicaban que la reforma era un desastre.No mejoraba la calidad de los servicios y no centraba los cambios en los pacientes.
Claro que se necesita una reforma, que avance hacia mayor cobertura territorial y más y mejores servicios. También se requiere mejorar el manejo de los recursos de todo el sistema.
Sin embargo, la reforma no puede ser para empeorar, sino para mejorar. No se trata de nivelar por lo bajo, sino por lo alto. Tampoco se entendió, o no se quiere entender por dogmatismo, que el sector privado juega un rol determinante en proveer servicios de calidad y que el dinero también es de los pacientes, quienes tienen el derecho a escoger.
Se quería un modelo 100% estatal, paquidérmico, que significaba volver al seguro social del pasado, pero peor, con una especie de Comandos de Atención Inmediata o CAI de la salud, llamados Centros de Atención Primaria en Salud o Caps que, al contrario de mejorar la atención, hubieran sido la barrera para acceder a los servicios. Y si todo esto no fuera inadecuado, el sistema quedaba a merced de los políticos y el ineficiente Estado.
Finalmente, de todas las formas, se indicó que la reforma requería el trámite de una ley estatutaria y no ordinaria, lo que seguramente hubiera implicado una declaración de inconstitucionalidad. Afortunadamente, un grupo valiente de nueve senadores votaron la ponencia de archivo del proyecto.
Esto es una lección para el Gobierno, para que no olvide que estamos en un estado de derecho, con instituciones y normas, y que las reformas se hacen de manera concertada con el Congreso, quien representa al pueblo.
También, para que tenga en cuenta el Presidente que su elección no significó la aprobación de todo lo que dijo en campaña, especialmente si se requiere una ley. Con este antecedente, si el Gobierno se sigue radicalizando, la suerte de los proyectos de ley presentados no distará mucho de la suerte de la reforma a la salud.
Y como todo puede ir de mal en peor en este Gobierno, ahora el Presidente quiere imponer la reforma a la salud por la puerta trasera. Se usará a la Superintendencia de Salud políticamente para que intervenga y administre a las EPS. Ya se hizo con dos, que sumadas a las otras que ya administraba, significa que 50% de la población recibirá los servicios por entidades administradas por el Estado. El fracaso, me temo, será irremediable.
El problema no era de gerencia, aun cuando ahora sí, sino de falta de recursos por la negativa del Gobierno a girar los dineros adeudados y realizar el ajuste a los pagos por cada afiliado. Se viene una negra y larga noche para la salud y, para muchos, también para la economía, pues los inversionistas pensarán tres veces en invertir en un país con esta clase de Gobierno. Para algunos pocos, el Gobierno demostró su incapacidad, incluso de destruir, por lo cual será un buen momento para invertir.
