El Gobierno y la JEP se descertificaron

Esta semana se lograron dos autodescertificaciones. El Gobierno de Gustavo Petro logró descertificarse exitosamente. La JEP también lo hizo con lujo de detalles.

Respecto al Gobierno, no se trata de que un Gobierno extranjero, de manera injusta, abusiva o sin tener derecho -como dicen los progresistas-, tenga el descaro y la ilegitimidad de descertificarnos. Se trata de la cooperación efectiva en la lucha contra el narcotráfico y, conforme a ello, de si somos elegibles para la entrega de recursos de los Estados Unidos, que de manera generosa y desprendida decide asignar a los países cooperantes.

Gustavo Petro, por su fracasada “paz total”, por el abandono de los territorios, por el apoyo al ilegítimo y narcoterrorista gobierno venezolano -con quien parece estar en contubernio-, por el aumento de los cultivos ilícitos, por reducir las capacidades de la fuerza pública, por no realizar erradicaciones efectivas de cultivos de coca y por lograr que Colombia tenga el récord de producción de cocaína, se autodescertificó. La decisión va íntimamente ligada a la reducción del cultivo y producción de cocaína, el lavado de dinero, la corrupción y las extradiciones. Los hechos hablan por sí solos. Existió por parte del Gobierno colombiano falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. No se descertificó al Estado colombiano, sino que se autodescertificó el nefasto Gobierno petrista que, en lugar de perseguir efectivamente el narcotráfico, ha hecho cama franca con los narcotraficantes. Por eso, las ayudas continúan, pues Estados Unidos entiende que es más contraproducente quitarlas y, además, este Gobierno torpe y maniqueo tiene sus días contados.

Por otro lado, la JEP resultó ser todo lo que vaticinamos quienes votamos NO en el plebiscito por la paz: una gran farsa. Nunca se buscó una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, sino que se creó un tribunal especial para lavarle la cara a los guerrilleros. Se montó un tinglado o tribunal jurídico-político para revictimizar a las víctimas, someter a los militares y policías y sancionar de manera irrisoria a las Farc. Tampoco hubo reparación ni individualización de los delitos, simplemente generalidades de “hechos victimizantes”. El descaro es tal, que las propias Farc pudieron escoger a sus jueces, quienes ni siquiera aplicaron las penas o sanciones del acuerdo, sino penas extramurales y sanciones por ocho años consistentes en trabajos para la búsqueda de personas desaparecidas, acción integral contra minas, recuperación del medio ambiente y reparación simbólica. Nada mal les fue a los miembros del secretariado de las Farc por 21.396 secuestros, resultado de un acuerdo que fue espuriamente aprobado después de ser rechazado por el pueblo en el plebiscito.

Lo cierto es que un país en el cual el concepto de justicia es pordebajeado y vilipendiado no tiene futuro, pues se genera una dinámica social inadecuada. La JEP, con este fallo, se autodescertificó al no cumplir con los fines de justicia material. Se ratificó que el acuerdo de paz era absolutamente inadecuado y violatorio de los acuerdos internacionales. De hecho, al haber incurrido en una clara denegación de justicia, se podrá llevar a las Farc a la Corte Penal Internacional para que respondan adecuadamente por sus crímenes de lesa humanidad.