Defensa del Estado de derecho

Todos los ciudadanos deberíamos ser conscientes de la importancia de nuestro Estado de derecho. Colombia es una República, lo que significa que no gobierna una sola persona y el Estado es un bien público, es decir, que le pertenece a todos los ciudadanos como un bien inmaterial conjunto. Una República carecería de contenido filosófico, moral y ético, si no se complementara en conjunto con el concepto de democracia liberal, que no dista de un balance armónico entre democracia representativa y el Estado de derecho.

En su sentido puro, el Estado de derecho es el sometimiento de los poderes públicos a la ley. No se trata solo de su esencia básica, pues en su naturaleza incluye variados aspectos. Se trata de que el gobierno, y todos los poderes, estén irremediablemente sometidos a la ley, es decir, el gobierno de las leyes o el “Rule of Law”. Esto incluye preceptos como el sometimiento de los poderes a leyes públicamente conocidas, el respeto a los derechos humanos, la primacía e igualdad ante la ley, la legalidad, la no arbitrariedad, la independencia en la aplicación de la ley, la separación de poderes, la participación política, la libertad de prensa y el debido proceso.

Por otro lado, se nos olvida, a casi todos, que este activo invaluable denominado Estado de derecho es supremamente frágil, de difícil construcción y fácil destrucción, y necesario para la estabilidad, prosperidad, desarrollo, bienestar y felicidad de los países y sus ciudadanos.

No es caprichoso, entonces, propender por su defensa a través de mecanismos legítimos, que incluyen a los medios, como garantes de la transparencia y la verdad, y el derecho a opinar y disentir, como baluarte en la consecución de un mejor país. Sería contrario a la República y al Estado de derecho estigmatizar y atacar la opinión y el disenso, indicando que existe un “golpe blando”, cuando lo que se presenta es, precisamente, la defensa del Estado de derecho. Al confundir estos conceptos, el ejercicio del poder termina radicalizado y débil, en perjuicio de la gobernabilidad, la credibilidad y la confianza ciudadana. Tan evidente es lo anterior que las reformas están empantanadas y la ciudadanía no marchó en grandes números.

Así, la lectura del mercado, anticipándose siempre, evidencia tranquilidad al creer que no va a ser posible adelantar las reformas radicales por la pérdida del capital político, lo cual da mayor confianza a la ciudadanía y a los inversionistas para seguir apostándole al país. Muestra de ello es el precio del peso, que en cuestión de semanas se revaluó 10%.

Parece entonces que los pesos y contrapesos de la institucionalidad colombiana están funcionando o funcionarán, en la defensa del Estado de derecho. Como resultado, no será posible en Colombia que, democráticamente, se extermine a la democracia, como le pasó hace ya varios años a nuestros vecino. En conclusión, Colombia, en la coyuntura, no puede abandonar el Estado de derecho por las necesidades coyunturales de un gobernante, así se tengan las mejores intenciones en beneficio de “el pueblo”. El desarrollo y continuidad de nuestra República dependerán de la permanente conservación y fortalecimiento del Estado de derecho, lo que es un deber de todos.