Comentarios sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recientemente acaba de presentar el Marco Fiscal de Mediana Plazo (en adelante Mfmp). Una hoja de ruta fundamental para el país en materia de entender el ciclo de la gestión pública colombiana en lo que concierne a la planeación fiscal del país y que condiciona la totalidad de ejercicio de programación presupuestal colombiano. En su horizonte temporal de lo que será la economía colombiana para los próximos diez años, este documento resulta ser el insumo fundamental para definir los diversos ejercicios financieros del Gobierno Nacional, así como también la situación fiscal y los flujos de caja de los gobiernos locales en nuestro territorio.

No obstante, en el Mfmp de este año saltan a la vista importantes elementos que confirman lo que parecía una crónica de un cataclismo anunciado. Colombia toma la decisión de activar la cláusula de escape de la Regla Fiscal. Una regla definida y adoptada en nuestra economía desde 2011 según la Ley 1473 de ese año. En su artículo quinto de la referida ley se establece que “la regla fiscal buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no supere el límite de la deuda. (…) El límite de la deuda es 71% del PIB y el ancla de la deuda es 55%”.

El parágrafo 2 de la referida ley establece “la regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad económica del país. En caso de que ocurran estos eventos, el Consejo de Política Fiscal, Confis, podrá activar esta cláusula de escape, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Gobierno Nacional reglamentará su funcionamiento, particularmente la duración máxima de la desviación de las metas fiscales, la magnitud de esta desviación y la senda de retorno al pleno cumplimiento de las metas fiscales”.

Cito todo el aparte de la ley, puesto que llaman la atención los argumentos que el Ministerio de Hacienda esgrime como hechos extraordinarios: el monto de recursos del Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles, los subsidios en energía y gas otorgados en Colombia y la línea de crédito flexible pendiente por pagar en su totalidad por parte de Colombia. Estos tres elementos representarían en los últimos años un esfuerzo para el Gobierno Nacional de cerca de $120,7 billones, lo que equivale en suma cerca de 6,5% del PIB.

Si bien estos tres componentes son un desafío para cualquier Gobierno, en ningún caso parecieran ser hechos extraordinarios, sobrevinientes y, por el contrario, podría pensarse que los tres son asuntos conocidos de vieja data por el Gobierno y la sociedad civil y frente a los cuales no pareciera existir sorpresa alguna que permita ser condición necesaria para activar la tan sensible cláusula de escape de la regla fiscal. Lo que mostraría claramente esta narrativa descriptiva es un desequilibrio fiscal que claramente debe ser revisado por el propio gobierno como un asunto de su entera responsabilidad, a fin de buscar el recorte de gasto sin que esto implique necesariamente la activación de la regla de escape señalada.

Solamente para poner en contexto al lector, cuando se habría activado la cláusula de escape en el país sería durante la pandemia a través de la Ley 2155 de 2021, en donde las razones extraordinarias eran más que evidentes a diferencia de la situación actual observada.

Pero, este Mfmp, fundamenta la criticidad del asunto fiscal al momento de ver la evolución de los ingresos tributarios, los cuales para 2024 alcanzarían apenas $259,7 billones, frente a un gasto primario de $342,5 billones, lo que significa un descalce de $82,8 billones. Esta cifra traería detrás una caída en 2024 del recaudo tributario de 13,6% frente a un ajuste del gasto de apenas 0,9% en el mismo período en contraste con 2023.

Para 2025 y 2026, el escenario presentado por MinHacienda implicaría una recuperación anual de 8% y 7,6% en el recaudo tributario respectivamente y un incremento de 3,1% y 0,9% del gasto primario. Las primeras dos cifras difíciles de cumplir si se tiene en cuenta que el adelanto de impuestos en materia de retención en la fuente para este año, haría poco probable el logro de esa meta para 2026.

Todo el esfuerzo explicativo de la dinámica de gasto estaría explicado, según el ministerio, por las altas rigideces del gasto en Colombia, variable que, de acuerdo con el Mfmp, 86% de ella resultaría inflexible, en razón a los pagos de intereses, transferencias al Sistema General de Participaciones, SGP, y transferencias a seguridad social lo que en suma representaría 78% del total de gasto. Así las cosas, justifica el Gobierno la restricción de realizar ajuste en gasto en el corto plazo por las rigideces mencionadas y deja al lector en ascuas al momento de responder la manera como se implementaría el necesario recorte en esta variable. Pero no puede pasarse por alto unas muy importantes diferencias entre el ejercicio de Programación Financiera (PF) realizado por el mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público en febrero y lo recogido en el Mfmp: mientras en el primer documento se esperaban ingresos por $327,9 billones, en el Mfmp tan solo se proyectan $309,3 billones, lo que representa una diferencia de $18,6 billones de menores ingresos, reducción explicada en más de 99% por los ingresos tributarios de la Dian.

A la par, presenta el Ministerio un desajuste en la estimación del gasto total de más de $20,1 billones de pesos, pasando de $418,7 billones en el Plan Financiero a $438,9 en el Mfmp argumentadas por una mayor presión fiscal de mayor ejecución e inflexibilidades.

A este punto el lector podrá establecer que las razones que se esgrimen de las diferencias entre lo proyectado en el Plan Financiero y el Mfmp 2025 están lejos de ser hechos extraordinarios de la economía y muy por el contrario parecieran atribuirse a serias diferencias de estimación realizadas entre pocos meses del año por una misma cartera en un mismo gobierno sobre elementos de nuestra economía que han estado sobre la mesa siempre. Mientras el ejercicio del Plan Financiero estima un déficit de 5,7% para este año, el Mfmp propone uno históricamente alto de 7,1% muy cercano al dato observado en esta variable en tiempos de pandemia.

Sumado a esa situación, la ausencia de una explicación de mecanismo alguno de contracción de gasto es un aspecto particularmente preocupante, y en su defecto se hace un llamado a un pacto fiscal, anunciando que el gobierno presentará en julio ante el Congreso de la República una nueva reforma tributaria que requeriría en esta ocasión recaudar cerca de $19 billones como condición necesaria para contemplar una senda de retorno al cumplimiento de la regla fiscal a partir del tercer año, luego de experimentar picos de endeudamiento del Gobierno Nacional Central que superarían 63% del PIB durante esa misma ventana temporal.

Esta anunciada reforma, que además de los $7 billones de recaudo en 2025 por concepto de adelanto de impuestos de 2026 por cuenta del Decreto 0572 de 2025 que triplica y cuatriplica la retención en la fuente para muchas actividades de la economía del país, abre el debate de ajustar al alza el impuesto al consumo para hacerlo convergente al IVA en algunas situaciones y revisar al alza el impuesto de renta para algunos segmentos de la población.

Con esta reforma, según el actual Ministro de Hacienda y su equipo, suponiendo un crecimiento sostenido de la economía de 3% a partir del siguiente año, cifra más que retadora de alcanzar y un retorno a la meta de inflación de largo plazo del país para el mismo período, nos permitiría exitosamente un retorno a la regla fiscal en el corto plazo.

Por lo pronto, queda claro, según lo anunciado, que el Gobierno tendrá que colocar títulos de deuda durante el segundo semestre del año por un monto cercano a los $20 billones en un momento en el que los mercados internacionales no solamente están interiorizando la notoria incertidumbre propia del panorama mundial, sino que ven a nuestro país con estos anuncios, como una economía que institucionalmente menos creíble por su incapacidad de mantener en cintura sus finanzas públicas.

Todo lo anterior, sin desconocer un concepto negativo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal a propósito de la conveniencia y la solidez de las razones para que el gobierno active la cláusula de escape de la regla fiscal, hacen de la situación de las finanzas públicas algo particularmente preocupante para el país.

Necesitamos con urgencia un verdadero compromiso de la sociedad civil en cabeza del Gobierno Nacional para buscar soluciones importantes de recorte de gasto y verdadera austeridad que, por supuesto, minimice la afectación al interés general, pero a la par permita mostrarnos como una economía respetuosa de sus instituciones y capaz de generar certidumbre jurídica y confianza del manejo macroeconómico que pueda pensarse en el corto, mediano y largo plazo.

Poco ayuda la intención de una reforma tributaria que equipare el impuesto al consumo con el IVA, se anuncie gravar a los plaguicidas, se desmonte el subsidio del diesel y a la par se ajuste al alza el impuesto de renta en el país. Sin un desmonte del patrón de gasto del Gobierno, y un real compromiso del gobierno de turno de plasmar acciones de austeridad, será muy difícil retornar a la senda de la regla fiscal y velar por la salud de las finanzas públicas. La academia en este punto debe ser un actor fundamental para aportar ideas y ser plataforma de debates constructivos sobre el futuro de nuestra economía.