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La semana pasada tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron sindicados de amañar fallos y recibir sobornos por parte de distintos abogados; Obedrech de igual manera destapó una red de corrupción en Latinoamérica, en donde pagaba sobornos a cambio de contratos y Colombia fue una de ellas. Para rematar, el presidente Juan Manuel Santos salió a decir que el pago de millones por unas almendras y unas cortinas no significaba nada frente a los escándalos que se estaban destapando en su gobierno. El panorama es desolador, y parece estuviéramos destinados a vivir con él.
La corrupción, según datos de la contraloría, es de casi $50 billones al año; según la Sociedad Colombiana de Economistas, de 1991 al año 2000, se habían perdido más de $129 billones en desfalcos a la Nación. Es decir, en promedio estamos destinando 4% del PIB de Colombia a la corrupción. ¿Cómo llegamos a este punto en el cual diariamente convivimos con este robo a nuestros propios bolsillos?
En primer lugar el incentivo es alto pues los montos de la contratación estatal suelen ser elevados. Sumado a esto, la justicia no opera de manera eficiente o lo que es peor, también participa de dichos actos. Según el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a 2016 solo la mitad de 1.850 sanciones contra la administración pública da cárcel y de aquellas, 25% tiene casa por cárcel. Con ello se puede concluir que el costo por desfalcar al Estado es bastante bajo, cuando se descubre, pues en gran parte los escándalos de corrupción nunca salen a la luz.
En segundo lugar, los actos de corrupción crecen cuando el aparato estatal se agranda. El burócrata por excelencia está buscando su propio beneficio con la plata de todos. Y en este afán no es difícil que busque también enriquecerse; las empresas estatales no solo suelen ser ineficientes sino también permeadas por delitos contra la administración pública. Esto porque finalmente ejecutan dineros de todos sin un doliente claro.
Por último, faltan recursos y voluntad política para atacar de fondo el problema; es vox populi que diversos senadores manejan con cuotas burocráticas aparatos estatales como el de la salud; sin pena alguna desde presidencia se habla de la “mermelada” y faltan dientes para que los entes de control actúen como es debido.
Con lo anterior no queda por lo pronto sino apelar a la sanción social. Los colombianos no pueden acostumbrarse a convivir con la corrupción, aquello es como vivir conforme con el pago de vacunas a grupos ilegales o a estar de acuerdo con la continua extorsión. Un político corrupto no merece menos que una silbatina públicamente, pues sin vergüenza alguna se les ve pavoneando por los mejores restaurantes ante la mirada displicente de la mayoría de los comensales.
La corrupción será tema obligado de la siguiente campaña presidencial; que comience a ser una conducta vergonzosa depende de todos los “indiferentes” colombianos.
