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Desarmando inocentes

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Juan Manuel Nieves R.

Ha sido polémica la discusión reciente sobre el porte de armas. Por un lado, el presidente Duque renovó la prohibición de porte en todo el país, dejando el manejo en situaciones especiales; los ganaderos al poco tiempo reclaman su uso y sectores afines a la izquierda critican siquiera los casos especiales.

El porte de armas fue regulado en los años 80, época en la cual el monopolio del Estado se hizo fehaciente controlando la importación, la elaboración de cartuchos y expidiendo las licencias. Para los que no conocen en Colombia existen tres tipos de permisos; la tenencia permite tener a nombre del titular un arma en la casa, el porte da al beneficiario el derecho a portar el arma fuera de su hogar y usarla a través del territorio, este trámite se renueva en ambos casos cada tres años y sus solicitantes deben pasar por pruebas de manejo de armas y varios exámenes en centros especializados donde se evalúan también las personas que solicitan licencias de conducción. El porte especial es una excepción a la norma, en donde se da permiso de portar un arma en todo el territorio, aun cuando ha sido prohibido el porte normal, esto se da por condiciones especiales de riesgo que deben ser probadas en el proceso, aquella se renueva anualmente. En todos los casos, a pesar de los exámenes, cada persona es entrevistada por algún funcionario del Ejército.

La anterior explicación es para vislumbrar la dificultad de sacar un arma legal; el argumento facilista es que las armas deben ser monopolio del Estado y por tanto se debe despojar a todos los ciudadanos de ellas, otro indica que las muertes pueden disminuir si se prescinde de las armas. Los argumentos, deseables y lógicos carecen de veracidad puesto que está demostrada la imposibilidad del Gobierno Colombiano de proteger a todos los ciudadanos y de controlar las armas ilegales con las que se cometen a diario cientos de delitos.

La defensa de la vida es una obligación del Estado, el no poderla garantizar faculta a los ciudadanos a defenderse, no en vano existe a nivel mundial la legítima defensa. En el tema también es sano irse a las cifras, con la prohibición del porte de armas aumentaron los asesinatos, no se sabe sin con armas legales o ilegales, aquello debe estudiarse; aunado a ello el delito de fleteo aumentó en Bogotá, si bien para encontrar causalidad se necesita un estudio más profundo, sin duda alguna correlación tendrá. Los delitos suelen ser consumados con armas ilegales, las cuales pululan en el país y son fáciles de encontrar, por ello una medida restrictiva finalmente termina beneficiando a los delincuentes.

El anterior gobierno, dadivoso con los ilegales restringió cualquier uso contra la defensa. Es momento de rectificar, los ganaderos tienen razón, toda persona tiene derecho a defender su vida y como se ve, el porte no es un permiso que se da a la ligera, los prohibicionistas velan por el populismo, las estadísticas muestran otra realidad, la restricción desarma a los inocentes.

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