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El gobierno colombiano invocó la llamada “cláusula de escape” para suspender temporalmente, por tres años, la regla fiscal que está vigente desde 2011. Esta decisión, lejos de ser una medida técnica con rumbo, habilita al Ejecutivo para gastar más de lo que recibe sin un plan claro, abriendo la puerta a mayores niveles de endeudamiento futuro sin que exista hoy un marco que garantice responsabilidad en su uso.
Para 2024, el déficit fiscal alcanzó 6,8% del PIB, muy por encima de 5,6% planeado y las proyecciones para este año rondan 7,5%, según entidades bancarias. Además, la deuda pública ya supera 61% del PIB, por encima del tope de 55% establecido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
El resultado ha sido el aumento en la prima de riesgo, lo que eleva el costo de financiamiento y obliga al Estado a redirigir más recursos al servicio de la deuda. Esto limita el espacio fiscal para inversión en sectores fundamentales como salud, educación o infraestructura. Aunque el Gobierno ha argumentado que el mayor gasto derivado de la suspensión se destinará a fines sociales, sin una hoja de ruta clara, ese endeudamiento podría terminar comprometiendo la sostenibilidad fiscal y el crecimiento a largo plazo.
La consecuencia más preocupante es que, sin reglas claras y sin confianza en el manejo económico, se deteriora la percepción de los inversionistas y se reducen los flujos de capital, lo que puede traducirse en menor dinamismo económico y reducción del empleo.
Algunos, justifican la suspensión apelando a la necesidad de impulsar el crecimiento económico, pero hacerlo sin un plan estructurado, en medio de un entorno global incierto, de presiones inflacionarias y de fragilidad institucional, es un riesgo considerable. Más que una política económica, parece una medida de coyuntura que posterga decisiones necesarias.
Colombia necesita un nuevo Marco Fiscal de mediano plazo que defina metas claras de consolidación, que elimine el gasto ineficiente y fortalezca la capacidad institucional del Estado. Si el objetivo es ampliar el gasto social, debe hacerse con responsabilidad, asegurando que cada peso que se invierta contribuya de verdad a cerrar brechas y no a profundizarlas por falta de sostenibilidad.
Suspender la regla fiscal sin reglas de reemplazo, es caminar sin brújula. Y en economía, la falta de dirección puede costar muy caro.
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