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Analistas 15/03/2022

Un Congreso que esté a la altura

Juan Alberto Londoño Martínez
Ex viceministro de Hacienda

Frente al panorama político y social que hoy vivimos, el Congreso de la República es el llamado a mantener el equilibrio de poderes, el encargado de impulsar las iniciativas que el próximo gobierno presente y de afrontar las discusiones económicas y sociales que el país reclama. Pero sobretodo, debe ser el contrapeso a quien gobierne, en el caso en el que se tomen medidas que afecten la calidad de vida de los colombianos, así como también debe velar por proteger las instituciones, orientar el gasto y mantener la democracia.

El país necesita que se conforme una bancada de gobierno comprometida con las políticas públicas que promueva el Ejecutivo, que dote de herramientas al Estado para continuar en la senda de crecimiento económico y consolidación de los derechos, que ayude a construir sobre las bases que nuestra sociedad ha venido estableciendo, que profundice lo logros sociales que hemos obtenido en educación, salud, servicios públicos, infraestructura y protección del ambiente. Esa bancada debe garantizar que se sigan aprovechando los recursos que la naturaleza nos dio y que jalonan el desarrollo económico y social del país. Al mismo tiempo, se debe tener una oposición seria y vigilante que evite los abusos del poder, pero que esté dispuesta a reconocer las buenas iniciativas y a acompañarlas. Oponerse a todo les quitará valor y acentuará la confrontación social.

Hasta hoy, el Congreso y los parlamentarios están en deuda con el país y la sociedad en muchos aspectos en los que no han querido asumir su responsabilidad como legisladores. No han querido tramitar las reformas económicas que el país demanda. Se han negado a tramitar una reforma tributaria que revise y revierta los beneficios a sectores privilegiados, que aumente la base de contribuyentes, que toque a su mal llamada “clase media”, que procure la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas, la generación de empleo y haga sostenible las finanzas públicas.

No han estado a la altura de aprobar una reforma laboral que comprenda las nuevas dinámicas de empleo, el trabajo por horas y que aliviane las cargas que existen sobre la formalidad. Se han escondido a la hora de eliminar los inmensos subsidios del Estado a las grandes pensiones para así lograr atender a la gran mayoría de adultos mayores que no acceden a su jubilación.

Frente al desarrollo de los derechos, han sido tan mediocres que delegaron la responsabilidad legislativa, para que esta sea desarrollada a través de interpretación por la Corte Constitucional. Se niegan a expedir una ley de consulta previa, situación que afecta profundamente tanto a las comunidades, como el desarrollo de los proyectos estratégicos que el país requiere. Nunca han querido tratar temas como la eutanasia o el aborto, no han querido hacer una verdadera reforma política. Sin embargo, sí salen a fustigar las decisiones tomadas por la Corte, que sí ha tenido los pantalones para abordar esos asuntos.

Es hora de que sean capaces de abordar estas discusiones que el país reclama, que tengan carácter y posiciones firmes, que se olviden de las prácticas clientelistas, que dejen a un lado el populismo legislativo, que no presenten proyectos que buscan incrementar el gasto sin pensar en como financiarlo y que no sucumban frente al matoneo de las redes sociales que pretenden imponer su parecer, desconociendo los principios democráticos.

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