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El señor Presidente sigue empeñado en presentar una reforma tributaria según él para financiar el Presupuesto de este año, tal y como lo ratificó esta semana. Frente a este anuncio, lo primero que hay que decir, es que el Ejecutivo no entendió el mensaje que contundentemente le dio el Congreso cuando negó la ley financiamiento; el Legislativo manifestó su absoluto rechazo a imponer impuestos en este momento. Recordemos que las cuatro comisiones económicas votaron el archivo de la mencionada ley.
Los argumentos para negar el proyecto, se centraron en la muy fuerte caída en la Inversión Extranjera Directa en 2024, la cual cayó 17,6%, resaltando que en el sector extractivo fue superior a 25%.
Manifestaron que la fuerte caída en el recaudo se debió a los efectos de los altos impuestos que se impuso al sector productivo en la reforma de 2022, la cual está asfixiando a los empresarios, así mismo, que el mediocre crecimiento de nuestra economía en los dos años de Gobierno terminaría por estancarse ante la aprobación de mayores impuestos y finalmente, que la flexibilización de la regla fiscal permitiendo un mayor espacio de gasto y la incorporación de la regla fiscal verde, terminarían por aumentar el déficit, poniendo en riesgo la estabilidad fiscal, aumentando el costo de nuestra deuda, circunstancias que se constituyen en un exabrupto y afectarán toda nuestra economía.
Sin embargo, en su afán de obtener más recursos, el Presidente manifiesta que no tiene cómo cumplir con el gasto social que el país requiere. Eso es falso. Recordemos que este Gobierno ha tenido los presupuestos más altos de la historia como porcentaje del PIB, al pasar de cerca de un 24% histórico a 30% del PIB en los últimos dos años.
De forma inescrupulosa, el Gobierno, que este año dejó desfinanciada la UPC de forma grave, condiciona los recursos para la salud a la aprobación de una nueva reforma tributaria. No obstante, sí asignó $4,3 billones para gastos en pequeñas obras. Manifestó que sin esta reforma no podría atender los recursos destinados a los subsidios del sector eléctrico al cual tiene al borde de la quiebra, puesto que les adeuda los subsidios de 2024 así como los recursos para cubrir la opción tarifaria.
Hoy, la deuda asciende a cerca de los $7 billones y el desfinanciamiento de este año puede ser igual o superior. De otra parte, desde el DPS se anuncia que los subsidios monetarios que entrega se reducirán sin la reforma tributaria. Adicionalmente, amenaza con no honrar las vigencias futuras de los contratos más importantes como el metro de Bogotá o las vías de Antioquía.
Seamos claros, la gran realidad es que el presupuesto para 2025 está sobreestimado en cerca de $40 billones, recordemos que para 2024 el Gobierno Nacional tuvo que efectuar un recorte al Presupuesto de $28,2 billones, el cual según todos los expertos resultaba insuficiente para el cumplimiento de la Regla Fiscal, que me atrevo a asegurar se rompió.
De otra parte, debe recordarse que de los $12 billones, la ley de financiamiento negada, según el Ministerio de Hacienda, la mitad de los recursos provendría de mayor endeudamiento por el anticipo de la Regla Fiscal. Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de aprobarse una reforma tributaria igual a la planteada el año pasado, menos de $3 billones entrarían a financiar el Presupuesto de este año, pues la mayoría de los ingresos provienen del impuesto de renta que sólo se percibirían a partir de 2026 ¿Querrá recaudar a través de IVA a la canasta familiar?
La conclusión es clara, el Presidente con la reforma tributaría lo único que persigue es asfixiar al sector privado del cual denigra y en especial al sector extractivo dada su posición ideológica de acabar con las energías fósiles. La solución al déficit presupuestal no es una reforma tributaria, que afectaría la confianza y el crecimiento. El Gobierno lo que debe efectuar un recorte significativo en el gasto y una real priorización.