La seguridad es todo

Colombia se enfrenta a una realidad de violencia e inseguridad la cual es fiel reflejo de la incapacidad de nuestro Estado de ejercer soberanía en todo su territorio. La mayoría de los candidatos presidenciales exponen el problema de inseguridad como si este únicamente consistiera en respaldar el cumplimiento de las funciones de nuestra fuerza pública. Olvidan todos que para que exista seguridad física plena se requiere de una justicia eficaz. Una justicia que hoy es impotente puesto que jueces y fiscales se ven sobrepasados por la criminalidad, no dan abasto para cumplir su función y cuando logran impartir justicia, aplicando las leyes vigentes, se ven obligados a condenar a los colombianos a la inseguridad, premian a los criminales con penas negociadas e irrisorias que les garantizan su impunidad, les otorgan casa por cárcel o los envían a prisiones de las que se adueñan y convierten en la sede de sus actividades delictivas.

Cambiar el estado actual de injusticia, no solo requiere tener un Presidente que no proteja a las bandas criminales del país o a los desertores del proceso de paz, en un absurdo intento de lograr una paz con criminales que simplemente no la quieren; por el contrario, es indispensable un cambio de visión profunda dentro de nuestra sociedad en donde se inculque a todos los ciudadanos el lema de que el robo, la extorción y el porte ilegal de armas de fuego, no tienen justificación alguna.

Tenemos que entender que la pobreza y la desigualdad social no son excusa para volvernos criminales y que robar, ni siquiera por hambre, puede ser socialmente aceptado. Mientras el colombiano aprenda a robar y se sienta orgulloso de ello, todos los demás crímenes serán parte de su camino, pues el cerrojo mental que nos detiene y hace respetar lo ajeno, se rompe y solo es cuestión de tiempo y oportunidad para que otros delitos sean cometidos.

Para que la inseguridad cese, debe reinar la justicia, razón por la cual se propone la creación de un nuevo tipo de fiscal y de juez penal especializados en solo estos tres delitos, robo, extorción y porte ilegal de armas, haciendo estos delitos innegociables, con penas únicas, que sean realmente disuasorias, sin atenuantes, sin casa por cárcel y sin rebaja de penas por estudio o trabajo.

El que robe debe ir a la cárcel sea cual sea el tamaño del robo, si es con violencia o bajo amenaza la pena debe ser el doble y si hay lesiones físicas el triple. Es decir, necesitamos reformar nuestras leyes, para que dentro de nuestro ordenamiento penal no haya consideraciones con estos delitos. Tenemos que abandonar la falsa narrativa según la cual, los criminales son víctimas de la sociedad y que robar poquito no es robo.

Para que haya seguridad, necesitamos centros de reclusión especializados en delincuentes condenados por robo, donde los mismos cumplan su pena mientras trabajan por el país y pagan con su trabajo lo que cuesta mantenerlos recluidos. Deben trabajar, por ejemplo, haciendo adoquines de piedra para empedrar los miles de kilómetros de vías terciarias que tiene Colombia.

Para evitar que las cárceles sigan siendo sede de la delincuencia y la extorción, en virtud de la ley, debe aislarse a los criminales haciendo obligatorio el uso en todas las cárceles de bloqueadores de señal celular, junto a la autorización expresa del monitoreo permanente de toda comunicación que entre o salga de estas, provenga de quien provenga.

Debemos redefinir el concepto de arma de fuego, para que cualquier objeto que se le parezca y se use para amenazar tenga esa naturaleza, prohibiendo el porte y uso de armas de fogueo, fulminantes u otras que cumplan la principal función de generar terror en la victima. Su fin no es disparar plomo como muchos creen, sino robar voluntades, ya que nadie con un pistola apuntándole le va decir al criminal que lo amenaza, que dispare un tiro para saber si el arma es de verdad.