La discusión de la descentralización

Una de las principales discusiones que debe abordar el próximo Gobierno tiene que ver con la descentralización política, administrativa y financiera y, hasta que punto, debe llegar garantizando la sostenibilidad fiscal del país como Estado unitario. El país ha venido adelantando reformas que pretenden profundizar la descentralización y dotar de mayores recursos a las entidades territoriales. Filosóficamente suena bien, sin embargo, se debe analizar de una parte, la sostenibilidad de esa transformación en el mediano y largo plazo y, de otra parte, la distribución de las cargas y responsabilidades entre el Gobierno Central y las Entidades Territoriales.

La solicitud más común de las Entidades Territoriales consiste en el aumento de sus rentas y en especial de los recursos de las transferencias del Sistema General de Participaciones, que provienen del Presupuesto General de la Nación y hoy representan cerca de 30% de los ingresos corrientes de la Nación. Con estos recursos, los departamentos, distritos y municipios deben financiar de los servicios a su cargo, principalmente la salud, educación y propósito general que contiene los componentes de agua potable y saneamiento básico.

Resulta válido que las entidades pretendan más recursos y mayor autonomía, pero se requiere revisar la proporcionalidad de esas cargas. En los últimos años hemos visto que la Nación ha presentado déficits fiscales considerables y sin embargo las cuentas subnacionales han presentado superávit, lo que demuestra que éstas tienen mayores recursos que el Gobierno Central o proporcionalmente menos obligaciones a su cargo.

En efecto, la Nación ha venido concurriendo a cubrir obligaciones a cargo de las entidades territoriales, tal y como ocurre con las deudas del sector salud del régimen subsidiado, parte de la deuda del sector educación, así como también, recientemente se aprobó cubrir la mitad de la deuda de los sistemas de transporte masivo que presentaron un déficit a raíz de la pandemia.

La pregunta que debe plantearse frente a la escasez de recursos y las dificultades para obtener nuevas fuentes de financiación radica en si, ante las demandas, por ejemplo, de mayor fuerza pública en las ciudades, deberían descentralizarse algunas responsabilidades en materia de Policía, si ante los problemas de administración de justicia, las entidades pudieran pagar sus propios jueces y enfocar sus recursos en las necesidades locales específicas de su región.

De otra parte, las nuevas figuras asociativas de las Entidades Territoriales como las Regiones Administrativas y de Planificación y su eventual transformación en Región como Entidad, las cuales pretenden aunar esfuerzos en torno a la planeación de obras de impacto regional y desarrollo sectorial, la prestación de servicios públicos de forma articulada y en especial de manera más eficiente, nos debe llevar a analizar la forma en la que estos esfuerzos pueden ayudar a disminuir las cargas en cabeza de la Nación y cómo se debe financiar la transformación de las regiones de manera articulada. Es necesario revisar las cargas y funciones de las regiones, los departamentos y los municipios con el fin articular responsabilidades, sumar recursos y concurrir en la provisión de bienes públicos por parte del Estado.

La discusión frente a la descentralización no puede abordarse de manera desarticulada. Si se quiere profundizar el desarrollo regional, debe abordarse desde todos los aspectos, el político, el fiscal y el administrativo, debe analizarse la existencia de los monopolios rentísticos, la concurrencia en la financiación con recursos de regalías y, en especial, las cargas administrativas y los costos de la existencia de cada una de estas entidades territoriales. La eficiencia es el principio que debe soportar la administración pública. ¿Es hora de hablar de un Estado Federal?