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Gustavo Petro es el legítimo presidente de la República y esto se convierte en un mandato, todos y cada uno debemos acatar, respetar y defender la decisión que se dio en las urnas en 2022 de otorgarle la jefatura de Estado. En consecuencia, resulta imperativo que se garantice que culmine su periodo de Gobierno en 2026. Colombia es y ha sido un Estado caracterizado por la defensa de la democracia y sus instituciones, siendo la mayor prueba de ello, que el presidente ha gozado de todas las garantías y oportunidades que le permitieron llegar a gobernar; contemplar su salida por fuera de la institucionalidad sería inaceptable. Rechazo contundentemente toda manifestación alrededor de su salida. Las marchas con el lema de “Fuera Petro” sólo contribuyen a generar un ambiente de rompimiento institucional que le permite alimentar su discurso en torno a que el “Establecimiento” lo quiere tumbar, y le están propiciando un “golpe blando”.
Del mismo modo, es el Presidente de la República el primer llamado a defender la Constitución, las instituciones, la separación de poderes, propender por el respeto absoluto de la ley, la libertad de prensa, así como el respeto por el disenso.
Desafortunadamente, quien ostenta hoy la jefatura de Estado está poniendo en riesgo todos los logros de nuestra sociedad, gracias a sus arbitrarias, antidemocráticas y nefastas decisiones. Pretende desconocer nuestra Carta Política, convocar a una constituyente bajo el argumento de que el Congreso no quiere cumplir la voluntad del pueblo que lo eligió, que la democracia representativa no sirve y que el constituyente primario es al que él representa, quien ya decidió e impuso el mandato de cambiar el modelo de Estado.
Sus constantes ataques y descalificaciones a todos los que piensan distinto, a todos los que han trabajado para el Estado y su desprecio frente a la fuerza pública, calificándolos de corruptos y mafiosos, resultan injuriosos constituyéndose en una violación a su integridad y en una amenaza a su seguridad.
Ante el hundimiento de su mal concebida reforma a la salud, que no tenía como financiarse y desconocía los inmensos avances en cobertura y calidad, en retaliación, por no cumplir su voluntad, decidió y así lo manifestó, cambiar el modelo de salud sin el concurso del Congreso y para ello ordenó la intervención y estatización de las EPS más grandes.
Sus constantes ataques al sector privado, el desprecio por el conocimiento técnico, por los procedimientos y la Ley, han generado una inmensa inseguridad jurídica que paralizó la actividad productiva, frenó el crecimiento y espantó la inversión, poniendo en riesgo nuestra estabilidad macroeconómica y la financiación de todos nuestros logros sociales.
Es hora de que todos los colombianos hagamos respetar y defendamos nuestra Constitución, nuestras instituciones, libertades, propiedad privada y avances sociales, del ataque sistemático proveniente de quien está llamado a preservarlos. Resulta imperativo que rodeemos a nuestro Congreso para que en democracia delibere, legisle y ejerza el control político que tanto se necesita. Es obligación de todos ejercer las acciones legales ante los atropellos y arbitrariedades. Hoy más que nunca debemos defender a nuestros jueces y en especial a nuestras altas cortes que son las encargadas de defender el orden constitucional y de velar por la integridad de nuestro Estado Social de Derecho; hoy son héroes silenciosos que requieren de nuestro respaldo y admiración.
No podemos seguir siendo indolentes, dar la espalda ante los abusos que se cometen en contra de los demás, ante los ataques y arbitrariedades que soportan algunos sectores de la sociedad. No podemos seguir pensando que es mejor escondernos porque no vinieron por mí, porque el día que lo hagan, no habrá nadie que pueda levantar la voz. Debemos entender que somos todos los que estamos en riesgo y que sólo la unidad y la solidaridad, nos permitirán sobrevivir a esta terrible noche.
