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El acceso a un hogar digno es uno de los mayores desafíos del país. Bogotá, donde miles de hogares enfrentan déficit habitacional, necesita mantener activa la producción de vivienda formal para cerrar brechas sociales y sostener el dinamismo económico.
En un contexto con tasas de interés elevadas, menor confianza de los hogares y cambios regulatorios que han ralentizado el sector, la política habitacional se ha convertido en una herramienta para que muchas familias puedan avanzar hacia el sueño de tener vivienda propia. En la ciudad, ese respaldo se ha materializado con el plan Mi Casa en Bogotá, una estrategia que articula subsidios distritales, sector financiero, constructores y oferta de suelo para sostener la demanda.
Los resultados se reflejan en cifras. En 2025, Bogotá registró un récord de iniciaciones, consolidándose como el principal motor del sector en el país. Ese dinamismo también se reflejó en el comportamiento del mercado: el licenciamiento de vivienda nueva creció 24,5% frente a 2024, los lanzamientos aumentaron 41,9% y las ventas 24,8%, impulsadas, principalmente, por la vivienda de interés social.
Además, el impacto del plan va más allá de los indicadores, demostrando su poder como política social. En 2025, 16.795 mujeres accedieron a subsidios (64,2% de los beneficiarios), de las cuales 6.451 son jefas de hogar. A esto se suman 7.334 jóvenes (28%) y 2.747 hogares víctimas del conflicto (10,5%) que hoy encuentran en la vivienda formal estabilidad.
Los indicadores de 2026 también reflejan ese esfuerzo. A enero, Bogotá muestra un comportamiento más favorable que el promedio nacional en el segmento VIS: las ventas crecieron 10,1% y los lanzamientos 6,4%, frente al mismo periodo de 2025.
Además, la capital continúa consolidándose como el principal motor de la construcción de vivienda. Hoy, 44 de cada 100 iniciaciones se construyen en Bogotá, una participación que refleja su rol para sostener el mercado nacional.
En este contexto, las ciudades hemos asumido un papel activo. Ante el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda para desindexar la vivienda VIS, Bogotá ha liderado, junto con otras capitales, tres mesas técnicas con el Gobierno Nacional para presentar propuestas y soportes técnicos que permitan construir reglas claras. Entre los planteamientos hay tres aspectos clave: garantizar que las familias tengan certeza sobre el precio de su vivienda desde la separación hasta la escrituración; tener en cuenta el valor del suelo y los costos urbanos que enfrentan ciudades como Bogotá; y revisar el tope de la vivienda VIS para las capitales, ampliándolo a cerca de 150 salarios mínimos para mantener la viabilidad de los proyectos.
En un momento en el que el país necesita recuperar el dinamismo del sector, la vivienda sigue siendo una política con mayor capacidad para generar oportunidades. Por eso, hoy las ciudades hablamos con una sola voz: necesitamos reglas claras que protejan el sueño de millones de familias de acceder a una vivienda propia.
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