Colombia sin sistema financiero

Colombia hoy tiene una de las tasas de renta corporativa del 35%, una de las más altas del mundo, la mayor de América Latina y la Ocde, generando, sin lugar a duda, un obstáculo para la inversión. Solo basta con observar la dramática caída en la formación bruta de capital y el hecho de que las remesas hayan superado la inversión extranjera directa, la competitividad donde ocupa el último lugar en el índice de competitividad fiscal de la Ocde y el crecimiento económico durante el actual periodo presidencial, que ha sido el más bajo de los últimos cinco gobiernos, siendo el sector industrial, la construcción y el comercio los de peor desempeño.

Resulta al menos increíble que, observando este desempeño, el Gobierno en su reforma tributaria pretenda incrementar la tarifa corporativa del sector financiero hasta un 50%, llevando la misma a niveles absurdos que rayan con la confiscatoriedad y que la Corte Constitucional ha manifestado está prohibido en nuestra Carta Política. Para completar, el despropósito plantea aumentar el impuesto a los dividendos a las sociedades extranjeras y llevarlo a un 30%, esto haría que el impuesto compuesto empresa - accionista este por el 70%.

En Colombia operan hoy, un gran número de empresas extranjeras que alegarán un trato discriminatorio frente a las colombianas, el cual es contrario a los tratados de libre comercio, lo que pondrá al país en riesgo de demandas ante tribunales internacionales.

Al margen de los riesgos jurídicos que representa esta decisión, el efecto de aprobar esta reforma sería devastador para la economía colombiana. Desconoce el Gobierno la realidad de la globalización y la movilidad del manejo del capital, toda vez que este se trasladara a los países que generan mayor rentabilidad, con lo cual la inversión desaparecerá, las compañías extranjeras destinarán la inversión a mercados que no muestren animadversión por el sector privado.

De otra parte, como las empresas desarrollan su actividad privada con ánimo de lucro y tienen expectativas de retorno de su inversión para garantizar la rentabilidad esperada, inevitablemente aumentará el costo de los servicios que prestan para los usuarios con lo cual, el acceso al crédito se reducirá y su costo se incrementará para personas y empresas.

En materia de seguros, que se constituyen en uno de los mecanismos con que cuentan los ciudadanos para garantizar no perder su capacidad adquisitiva o atender emergencias catastróficas, se harán muchísimo más costosos y se dificultará su acceso para la población, con un impacto adicional en materia de salud; los usuarios quedarán descubiertos en un momento en el que el sistema colapsa y es imprescindible acudir a este tipo de servicios.

Igualmente, todos los servicios que estas entidades prestan tendrán un costo adicional, así como el retiro de dinero, las consultas en internet entre otros. La inclusión financiera como propósito para cerrar brechas sociales se aumentará, las personas volverán al manejo de efectivo y se perderán una gran cantidad de servicios financieros por su costo y poca rentabilidad. Todo esto tendrá una consecuencia y es que no el recaudo esperado no se causará.

Ya hemos visto que al Gobierno no le gusta el sector privado y prueba de ello es su actuar en materia de salud y energía, persiguiendo a los empresarios y concentrando en el aparato estatal la mayor parte de la prestación de estos servicios, dejando como consecuencia una disminución en su calidad en perjuicio de los usuarios, un mayor costo y unas pérdidas exorbitantes, con el agravante de privar a los ciudadanos de la libertad de elección del operador a quien acudir.

Que nuestro sistema financiero pierda un gran número de actores y termine condenado a depender del Banco Agrario será la ruina para el sector privado, los ahorradores y los ciudadanos, al estar sometido a su burocracia, inoperancia, altos costos e ineficiencia. Esto no nos puede suceder.