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Analistas 03/02/2023

Adiós a la inversión

Juan Alberto Londoño Martínez
Ex viceministro de Hacienda

Es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos y la realización de las grandes obras de infraestructura que el país necesita, que los recursos públicos se destinen de forma eficiente y que los mercados se desarrollen en favor de la ciudadanía, para ello crea un marco jurídico en el cual los privados desarrollan sus actividades y colaboran en la prestación de los servicios y en la realización de las obras. Bajo ese escenario, cuando los particulares toman una decisión de inversión en estos sectores, en especial si ésta es a largo plazo, analizan los riesgos que representa y esperan tener reglas de juego claras, conocer cuál será su tasa de retorno y cómo será su remuneración.

Al observar que el Gobierno Nacional de un brochazo, perdón mediante decreto, altera las condiciones y el marco normativo en el régimen de servicios públicos y en los contratos de infraestructura, pateando el tablero, se concluye que hoy la inversión en estos sectores se encuentra en riesgo y con esto la calidad de vida, la sostenibilidad fiscal y el desarrollo económico de los colombianos.

La regulación de mercados tan sensibles como los servicios públicos, es indispensable para garantizar su prestación presente y futura y debe formularse desde un punto de vista técnico alejado de las coyunturas y vaivenes políticos, razón por la cual, en el evento en el que la regulación no remunere de forma adecuada los servicios y sus tarifas no cubran las inversiones, el costo del capital, los insumos y demás elementos, se causará la deficiencia en la prestación del servicio y la no inversión en nuevos proyectos, con lo cual no se podrá atender la demanda creciente de los mismos.

Al analizar la decisión del presidente de la República de asumir las funciones de las comisiones de regulación de los servicios públicos, se debe recordar que, por ejemplo, en el sector de energía y gas, las inversiones para garantizar que un proyecto entre en operación se inician varios años atrás con base en estudios de crecimiento de la demanda y confiabilidad del sistema. Por esta razón, desde el momento en que se efectúan las subastas, se establecen las condiciones y reglas de juego para garantizar el éxito de estos proyectos. Así las cosas, en virtud de la ley, los usuarios debemos remunerar las inversiones, al tiempo que, aseguramos la confiablidad del sistema. Los precios de la energía que hoy se pagan resultan de la aplicación de fórmulas definidas mucho tiempo atrás y buscan evitar la escasez del bien que se pretende. Hoy con su decisión de modificar y controlar las tarifas sin sustento técnico la incertidumbre crece y se pone en riesgo todo el sector.

De igual manera, la decisión de congelar los peajes, atenta contra el equilibrio de los contratos y su viabilidad financiera, dado que en éstos se establecía como fuente de pago los peajes durante un periodo definido y con una fórmula de ajuste predeterminada. Bajo esas condiciones, lo primero que hace el contratista es buscar el cierre financiero de la obra. Así las cosas, elabora un presupuesto y un flujo de caja y determina que por concepto de peajes recibirá “X” ingresos que le permitirán cumplir con sus obligaciones tanto financieras como de la propia ejecución de la obra.

En efecto, los peajes representan un ingreso diario para el contratista, que al ser modificado y no percibirse sino hasta que el Gobierno los gire, cerca del mes de diciembre, después de surtir todos los trámites legales, generará ausencia de capital de trabajo y unos costos financieros que pueden poner en riesgo la viabilidad misma del proyecto. Esta contingencia la tendremos que pagar todos los colombianos y nos va a costar mucho más de los 800 mil millones que representaba el ajuste de las tarifas.

El futuro de nuestra infraestructura y la seguridad en la prestación de nuestros servicios públicos está en riesgo ante el cambio de las reglas de juego que generan inestabilidad jurídica y económica. Los constructores y financiadores al efectuar un análisis de riesgo optarán por no desarrollar este tipo de proyectos. La confianza se perdió.

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