El Estado necesita gastar mejor

Hace dos semanas propuse, en esta misma columna, algunas ideas para el nuevo gobierno en materia de salud, a partir de las lecciones del Estado de Cosas Inconstitucional en Colpensiones. El mensaje de fondo era que las crisis públicas no se resuelven solo con más o menos recursos, sino con mejor gestión y, sobre todo, con un mejor diseño institucional. Esta es una segunda columna con ideas para el nuevo gobierno, esta vez sobre uno de los frentes más urgentes: el ajuste fiscal.

El gobierno entrante ha planteado tres caminos: una reforma tributaria, la reducción del tamaño del Estado y, como parte de esa reducción, el cierre de ministerios y entidades públicas. Son discusiones necesarias. El punto de partida no es sencillo. El gobierno saliente dejó en jaque la estabilidad macroeconómica: aumentó sustancialmente el gasto público, lo financió con mayor endeudamiento, más costoso, e incumplió la regla fiscal.

Pero, más allá de este deterioro reciente, el país arrastra desde hace tiempo un problema más profundo: la forma en que se asignan los recursos públicos. Ese problema no es nuevo. Colombia lleva décadas discutiendo la necesidad de una reforma al proceso presupuestal. Sin embargo, esa discusión ha quedado relegada frente a decisiones más visibles, pero menos estructurales.

Hoy, el énfasis en cerrar entidades puede ser políticamente atractivo, pero no resuelve el problema de fondo. Reducir el número de ministerios no garantiza, por sí solo, una mejor asignación del gasto. Por eso, esta coyuntura representa una oportunidad. Si el nuevo gobierno quiere hacer un ajuste fiscal sostenible, debe ir más allá de los ingresos y de la estructura formal del Estado, y abordar la forma en que se construye y ejecuta el presupuesto.

Hoy el presupuesto público colombiano sigue una lógica fragmentada. Se separa el gasto de funcionamiento del de inversión, como si fueran decisiones independientes, cuando en realidad responden a los mismos objetivos. Se asigna por rubros, no por programas, lo que dificulta evaluar resultados. Y se divide la responsabilidad entre el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, generando una arquitectura que no facilita ni la eficiencia ni la rendición de cuentas.

Una reforma presupuestal debería partir de tres principios. Primero, asignar el gasto por programas y objetivos, permitiendo evaluar qué resultados se obtienen con cada peso público. Segundo, integrar el gasto de funcionamiento y el de inversión bajo una misma lógica. Y, tercero, revisar la arquitectura institucional del presupuesto, incluyendo la relación entre Hacienda y Planeación, para garantizar coherencia en la asignación de recursos. Esta discusión está ligada al Sistema General de Participaciones. Sin revisar cómo se distribuyen y ejecutan esos recursos, cualquier intento de mejorar la eficiencia del gasto será incompleto.
El país necesita un ajuste fiscal. La solución debería ir más allá de recaudar más o de recortar entidades. Está en rediseñar la forma en que el Estado asigna y ejecuta sus recursos. Esa es la reforma más difícil, pero también la más necesaria.